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Columna publicada el 14-12-2003
El Partido Socialista Obrero Español que presuntamente dirige Rodríguez Zapatero ha suscrito en Cataluña a través del PSC y está defendiendo como propio en toda España un proyecto golpista, antidemocrático, separatista, ilegal, ilegítimo y liberticida. Después de conocerse el proyecto de Gobierno de los socialistas con los comunistas y los separatistas republicanos, puede decirse con todo rigor que lo que dirige el señor Zapatero ha dejado de ser un partido, porque depende de lo que diga otro (ERC); ha dejado de ser socialista porque pretende quitarles a las comunidades más pobres lo que hasta ahora les daban las más ricas; ha dejado de ser obrero porque prescinde de cualquier solidaridad social o de clase en beneficio de una identidad nacional; y ha dejado de ser español porque esa identidad nacional ya no es la española, sino otra que se crea y se levanta contra España. Zapatero es más golpista por omisión que por acción, pero no por eso menos golpista.
El proyecto de Maragall y Carod Rovira que suscribe y defiende Zapatero es golpista porque se inventa un Estado con supuestos derechos constitucionales a costa del Estado Español y de la Constitución, de la que emana la propia legitimidad de la autonomía catalana. Es un proyecto antidemocrático porque se basa en la exclusión del primer partido político español y tercero o cuarto de Cataluña (según sean las elecciones generales o autonómicas) que es el PP, que además ostenta legítimamente el Gobierno de España tras obtener la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales con diez millones de votantes, que quedarían automáticamente excluidos de la vida pública. Es un proyecto separatista porque además de inventar un Estado paralelo amenaza con promover para legitimarlo un plebiscito ilegal según el modelo Ibarreche, como si una legislatura de un Gobierno autonómico pudiera actuar con las atribuciones de un Estado, y ese plebiscito lo plantean como chantaje a toda España si el Parlamento Nacional y el Tribunal Constitucional no acceden a todo lo que vote el Parlamento de Cataluña y en el plazo que PSC, ERC e ICV estimen conveniente.
El proyecto de Maragall y Carod que suscribe Zapatero es ilegal porque se inventa por la fuerza unos derechos que el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española niegan expresamente a las comunidades autónomas; se atribuye funciones y capacidades que niega expresamente la legalidad española y europea y va mucho más allá del Plan Ibarreche, que el propio PSOE considera ilegal. El proyecto es ilegítimo porque destruye la raíz de la legitimidad de todos los poderes públicos, que es la soberanía de la nación española, de la que emanan la Constitución y todas las instituciones nacionales y regionales; lo es también porque ese asalto a la legalidad se hace engañando a la opinión pública de Cataluña, tras ocultar el PSC, partido mayoritario del futuro Gobierno catalán, sus planes separatistas; y tras pretender ocultar el PSOE su proyecto de ruptura de cualquier solidaridad fiscal y social entre los ciudadanos españoles. El proyecto es, en fin, liberticida, porque su desarrollo sólo puede conseguirse atropellando las libertades básicas de los ciudadanos que garantiza la Constitución, porque se establece una discriminación de los catalanes no nacionalistas y de los que en uso de su derecho utilicen la lengua española, porque planea acabar con la libertad de comercio mediante el chantaje a las empresas que no se plieguen a su proyecto lingüístico-tribal y, en fin, porque la realización del proyecto significaría el fin del régimen democrático, no sólo en Cataluña sino en toda España.

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