En medios próximos a la asociación mayoritaria de los jueces se habla ya abiertamente de "La Banda del Poder Judicial" para referirse a ese nutrido grupo de jueces-políticos o políticos-jueces identificados con el felipismo y el polanquismo y que están demostrando en el caso Liaño que han tomado por asalto la cúpula del Poder Judicial y que piensan administrar ese poder como una finca particular y a su antojo, contra el Ejecutivo, el Legislativo, la Constitución española, la opinión pública y hasta la opinión de la mayoría de los jueces y fiscales españoles. Demasiado tarde llega la alarma a la APM: efectivamente, esa "banda" utiliza cuando le conviene el gremialismo de la derecha judicial para proteger sus fechorías de los medios de comunicación hostiles y se burla de las minorías cuando, como en este caso, piden un poco de consenso y de consideración con los que no participan de los fines y el estilo de la secta. Entre la derecha política y la judicial han ayudado a sobrevivir a un monstruo creyendo que se extinguiría por jubilación. Un error de cálculo basado en la dimisión moral. O sea, algo más que un error; lo más parecido al delito de denegación de auxilio a la Justicia.
Este nuevo capítulo del caso Liaño, sin duda el mayor escándalo de la Justicia Española desde la Transición a la Democracia --que en el ámbito judicial no se ha producido--, esta nueva campanada y este nuevo encampanamiento del Supremo, rebelándose contra el Gobierno en defensa de Polanco, retorciendo sus argumentos más allá de la prevaricación, hasta el humor negro y el absurdo, y regodeándose en la descalificación del Ejecutivo como franquista si se atreve a defender su fuero, prueban que esa "Banda" existe, está envalentonada como nunca y tiene aterrorizados como siempre a la mayoría judicial y a este fatuo y estupidizado Gobierno que comparte con la derecha judicial la indignidad de no haber resistido la toma de Poder de los bacigalupos, clementes y moscosos. Y que para más INRI, ve cómo un precandidato suyo a una poltrona político-judicial, Martín Pallín --rechazado entonces por el PSOE-- redacta junto al peronista Bacigalupo una declaración de guerra al Estado de Derecho que parece escrita por dos progres de Justicia Democrática muy pasados de copas en el Pub Santa Bárbara allá por 1976.
Aquellos jóvenes marxistas, revolucionarios con toga, escasos alborotadores con trenka de un estamento mayoritariamente de gabardina y siempre sumiso al Poder político, han pasado del "uso alternativo del Derecho", es decir, de hacer mangas y capirotes de la Ley en función de un valor ideológico supuestamente superior, a la incautación de los tribunales, la apropiación de la Administración de Justicia y la expropiación del Estado de Derecho. Saltan del CGPJ al Supremo, del Supremo a "El País", de "El País" al PSOE, del PSOE a los ministerios y de los ministerios a los juzgados sin solución de continuidad, como quien juega al parchís. Pero, conforme ha ido creciendo su poder, el funcionamiento de secta ha dejado paso al comportamiento de mafia.
"La Banda del Poder Judicial" que ahora denuncian los juristas conservadores no es una metáfora: es un poder político, mediático y judicial que, hoy por hoy, no tiene contrapeso en nuestro país y cuya audacia no conoce límites. Hará falta algo más que denunciar este cáncer de la sociedad española que es el secuestro de la Justicia por un grupo de políticos y jueces desaprensivos si se quiere superar no sólo este bochorno, sino los que vendrán. Hay un tipo de poderosos, como González o Clinton, que sólo mueren matando y sólo juran perjurando. No es pecado, ni siquiera delito: es su naturaleza.
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