Fallo del Constitucional ¿Creer en Jehová está por encima de la Ley?

La bimilenaria historia de la civilización occidental y de raíz cristiana tiene su norte moral en la defensa de la persona como poseedora de una dignidad inalienable. Para los creyentes, porque está creada a imagen y semejanza de Dios; para los no creyentes, porque los derechos fundamentales del individuo son sagrados. Esos derechos de la persona –libertad, propiedad, igualdad ante la Ley- son la piedra angular de todos los sistemas jurídico-políticos que se consideran democráticos. Y la función de los altos tribunales es –o debería ser- la de orientar en este sentido la Administración de Justicia. Por desgracia, el Tribunal Constitucional en España ha ido desde su creación en la dirección contraria. Desde la auroral y bochornosa sentencia de Rumasa hasta la excarcelación de los cabecillas batasunos enmendándole la plana al Tribunal Supremo, pasando por la Ley del Catalán y la Ley del Suelo, entre otras, la instancia última de apelación, que debería ser un valladar en defensa de los derechos individuales,se ha convertido en una especie de sala de casación de la Ley y la Política, de mezcolanza de criterios jurídicos y consideraciones ideológicas a la moda. Cuando no es la ganadería política a la que pertenecen los jueces por adscripción partidista es la frivolidad politizada con la que pretenden halagar cierto momento ideológico ambiental. Pero nunca hubiéramos supuesto que llegara a anular una condena del Supremo a los testigos de Jehová que dejaron morir a su hijo por negarse a hacerle una transfusión de sangre.

Que las creencias religiosas –a veces tan estúpidas y bárbaras como en este caso- puedan colocarse por encima de la Ley, al punto de admitir que los padres priven a un muchacho de la vida, equivale a liquidar la Constitución, basada en la igualdad de los españoles ante esa misma ley. Porque si la Ley es aplicable o no según las creencias de cada uno, sobra la Ley. El conflicto entre creencia y legalidad lo plantea el cristianismo mediante la fórmula “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, que también marca la deseable separación de la Iglesia y el Estado para que este sea aconfesional (no agresivamente ateo o perseguidor de la religión, como ha sucedido tantas veces, desde la Revolución Francesa a la Soviética y a la Guerra Civil Española) y para que garantice la libertad de conciencia y de creencia religiosa.

Pero cuando la práctica de una religión se opone frontalmente a la legislación vigente, ésta debe aplicarse a los infractores. Si en España no es delito dejar morir a un niño porque se supone que Jehová no autoriza que se le haga una transfusión de sangre, tampoco lo será la mutilación del clítoris a las niñas musulmanas, ni su desescolarización al llegar a la pubertad, ni su venta en matrimonio, ni los malos tratos familiares, ni su marginación humillante en todos los ámbitos en favor de los varones. La Constitución proclama que los españoles son iguales ante la ley pero el Constitucional exime de esta obligación legal a los testigos de Jehová. También dice que ninguna persona podrá ser discriminada por razón de sexo o credo religioso, pero el niño que murió si fue y sigue siendo discriminado por razón de religión, tan discriminado que está muerto y que su muerte deliberada no se castiga. Cualquier niña de familia musulmana que muera mientras la mutilan sexualmente puede irse al otro mundo segura de que las creencias religiosas de sus bárbaros padres han sido respetadas. Pero ¿y sus derechos como persona? Han quedado triturados -real y legalmente- en nombre de este avasallador y estúpido multiculturalismo que pretende colocar a todos las religiones al mismo nivel y medir a todas ideas por el mismo rasero, con el único fin de destruir los principios y valores de la sociedad occidental.

Estamos ante un monumento a la injusticia que además suena a humillación por anticipado ante el Islam. Si unos cristianos hubieran decidido resucitar la Inquisición por su cuenta y riesgo y quemar a una criatura por endemoniada, ¿habrían sido absueltos? Seguro que no. Pero los no cristianos son otra cosa. Son la ocasión de defender el tercermundismo, el multiculturalismo y el relativismo moral, creando además jurisprudencia. Este fallo del TC es una auténtica negación de la Ley, debería ser anulado y sancionados sus responsables. ¿Habrá que fundar la Iglesia de la Objeción Fiscal para que los jueces del TC, privados del sueldo, recuperen no la Fe (allá ellos), sino simple y llanamente la Razón?

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