Los Gobiernos aprovechan las vacaciones para legislar contra el contribuyente. Es natural: el ser humano está más indefenso en bañador o disfrazado de Papá Noel que un lunes a las siete de la mañana escuchando esRadio. Pero durante este viaducto de la Constitución y la Inmaculada, el Gobierno del PP ha perpetrado contra los ciudadanos en su condición de justiciables, que en teoría somos todos, y de ajusticiados, que en la práctica somos las víctimas de Montoro, un cambio tan radical que deja en ridículo la famosa reforma la Constitución. ¿De qué reforma nos hablan, cuando los derechos que debería amparar son conculcados ante nuestros propios ojos?
Abrió plaza el ministro de justicia Catalá, famoso desde que confesó haber descubierto la "singularidad catalana" (la de no cumplir las leyes y cobrar por ello) en un viaje a Cataluña, tal vez a la altura de Benicàssim. Con ese precedente, mezquino sería negarle la sensibilidad foral que exhibe ahora Soraya, absurda compensación, única en los anales de las guerras, de los liberales a los carlistas tras el abrazo de Vergara. Es como si Lincoln, tras la guerra de Secesión, hubiera permitido a los Estados de Sur que un tercio de los esclavos siguiera siéndolo durante la mitad de sus vidas. Pues bien, Catalá ha anunciado que la Fiscalía, que depende de su Ministerio, asumirá las funciones hasta ahora desempeñaban los jueces de instrucción. Si la Oposición no lo remedia, los fiscales instruirán todos los casos, con la total independencia que asegura su dependencia jerárquica del Gobierno.
Caamaño, Gallardón y Catalá, la logia de la Venda
Algunos dicen que la última vez que el Gobierno quiso hacerse con la instrucción de los casos fue en tiempos de Gallardón, tras proclamar en las Cortes que el Gobierno de Rajoy y Él mismo acabarían con "el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que han de juzgar a esos políticos". Aquella promesa se tradujo en que de nombrar al 80 % de los miembros del CGPJ, los políticos –con la única excepción de UPyD- decidieron repartirse el 100% de los nombramientos del llamado Gobierno de los Jueces. Hasta a Izquierda Unida le tocó un vocalito. Pero como no es fácil escapar a la obscenidad del espectáculo de la corrupción judicial, Gallardón, tras decir a sus íntimos –unos 60.000- que dimitiría porque Rajoy le obligaba a incumplir su promesa, salió con lo mismo que ahora Catalá: "como en otros países de nuestro entorno" (¿Marruecos, Francia, Argelia, Italia? ¡hay tanto entorno!), los fiscales asumirían la instrucción de los casos para agilizar el lento paso de los bueyes judiciales. ¿Y qué dijo la oposición? Que el PP quería cargarse la instrucción de Gürtel y Bárcenas.
Pero la iniciativa del ex presidenciable Gallardón tampoco era original. Pocos años antes, también para entonar con nuestro entorno, no aclaró si portugués o mauritano, Francisco Caamaño, ministro de Justicia de ZP, anunció que, a fin de agilizar la tratequeante andadura judicial y remediar la demora en juzgar los casos, que puede arrastrase una década, los fiscales, susfiscales, deberían asumir la tarea de instruirlos. ¿Y qué dijo la Oposición del PP? Que lo que quería Caamaño, nacionalista gallego y acreditado masón, era instruir en su logia el caso de los ERE de Andalucía.
¿Mentían Caamaño y Gallardón, miente ahora Catalá, al decir que la instrucción del caso por los fiscales agilizaría la instrucción de los casos? Necesariamente, no. Depende de los medios y de la organización que un cambio tan radical suponga en la organización interna de los juzgados y el funcionamiento de los fiscales. ¿Mentía la Oposición al decir que el Gobierno quería controlar la instrucción de casos explosivos (Nóos) o que afectaban a un partido (Gürtel, Púnica, ERE)? Indudablemente, no. ¿Es seguro que la instrucción de los casos por fiscales y no jueces agilizará el funcionamiento de la Justicia? No. ¿Es seguro que la instrucción vendrá politizada desde su origen –el Ejecutivo- y que los fiscales orientarán la actuación policial en función de su partido o su promoción profesional? Sí.
Pero como ya sucediera la semana pasada en los elogios fúnebres al genocida Fidel Castro, con RTVE rivalizando en obsequiosidad totalitaria con La Sexta, apenas ha habido contestación mediática a este proyecto del Gobierno de quedarse con la instrucción de los casos a través de la Fiscalía.
Hackercienda, fiscal de Cristiano Ronaldo
Sin embargo, la noticia que ha alfombrado todas las tertulias de este puente no ha sido el fiscalazo de Catalá que, de hecho, supone la toma del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo y culminara el proceso iniciado por el Gobierno de González con la LOPJ/85 para liquidar la independencia de los jueces que proclama nuestra Constitución. Cuando se promulgó aquella Ley, tras el expolio de Rumasa y contando con la aquiescencia igualmente prevaricadora del Tribunal Constitucional, el sorayo de la época, porque todo poder indiscutido tiene un valido que vicepreside todo entonces se llamaba Alfonso Guerra, proclamó "la muerte de Montesquieu" como un hito de la modernización de España. La división de poderes es algo viejo y pasado de moda, no como la tiranía, que siempre está a la última y que en todas sus reencarnaciones presenta la atractiva novedad del abuso de Poder.
De hecho, uno de los muchos hermanos del sorayo Guerra, llamado Juan y conocido en Sevilla como Mienmano, introdujo la novedad del tráfico de influencias en la Delegación del Gobierno de Andalucía, junto a las dependencias de la Junta por cuya agilización, que los viejos llamaban corrupción, cobraba la correspondiente comisión entre cafelito y cafelito. 27 diarios llegó a tomar Mienmano, subordinando lo ético a lo hepático.
Pero ya nadie se acuerda de los Guerra, tal vez por los muchos que los han sucedido en el asesinato ritual de Montequieu. En cambio, todos hablan de la publicación por El Mundo, la víspera del Barça-Madrid, de una información según la cual Cristiano Ronaldo, la máxima estrella del Undecicampeón de Europa, habría ocultado a Hacienda 150 millones de euros en paraísos fiscales, entre los que destacaban, cómo no, las Islas Vírgenes.
Al día siguiente del cristianazo, el astro de Madeira hizo uno de los peores partidos de su vida, deambuló como un sonámbulo por el Nou Camp y falló un gol cantado en el minuto 43, en una posición similar a la que en el último clásico le permitió marcar y darle la victoria al Madrid, que este año podía haber supuesto la Liga, pero que entre el árbitro y El Mundo se quedó en empate y gracias a Sergio 93, antes Ramos.
La repercusión deportiva y económica de la noticia no sólo afectaba a la Liga, la Copa de Europa y los ingresos de ambos clubes, sino al que se ha convertido, a la chita callando, en un negocio, el de las apuestas, que mueve muchísimo más dinero que los derechos de imagen, tan discutidos y redefinidos en la llamada Ley Beckham, sobre la que la información de El Mundo, mi periódico de papel desde hace más de veinte años, no ofrecía demasiada información, tal vez porque la complejidad de la legislación tributaria no favorecía la escandalosa portada que casi nos cuesta la Liga.
Las apuestas son, a mi entender, el cáncer que puede acabar con el fútbol profesional, y todo lo que dentro o fuera del campo influye en un resultado y un premio mucho mayor que el sueldo de un futbolista, debería ser tratado con cuidado exquisito. En la Liga Italiana han condenado nada menos que a Buffon por formar parte de un grupo que amañaba partidos para ganar en las apuestas y en la Premier Inglesa han echado al seleccionador y a cuatro entrenadores. En nuestra Liga sólo han juzgado al pobre Zaragoza, pero en todas las divisiones, incluso en aficionados y juveniles, empieza ya a darse esa corrupción del juego en favor del dinero rápido de las apuestas.
Menos mal que no estamos en Inglaterra, porque allí la Fiscalía ya estaría investigando la ya famosa portada de El Mundo y poniendo en más dificultades que el juez Zamarriego a mi amigo y director Pedro Cuartango. No creo que Pedro, que es un hombre absolutamente honrado, haya querido tapar el Caso Nadia con el de CR7, aunque yo, que fui Jefe de Opinión antes que Cuartango, no hubiera mezclado las disculpas por lo de Nadia, síntoma de la corrupción de un tipo de periodismo sensacionalista y sin el más mínimo rigor que triunfa, a caballo de las redes, en prensa, radio y TV, con el resultado de esa sesuda investigación del CIE que todo madridista achacará, por los siglos de los siglos, al Barça, para tapar los infinitos casos de corrupción que han llevado al banquillo o a la cárcel a sus últimos cinco presidentes, a sus estrellas Messi, Neymar y otros como Mascherano. Para el club que presume de representar els valors pero que ha sido condenado tantas veces por corrupción fiscal, el caso Cristiano ha sido una bendición.
Por supuesto, el madridismo está seguro de que, al margen de la portada ronaldicida, no publicar o no conocer que CR7 había presentado hace muchos meses un informe a Hacienda con todo su patrimonio en el extranjero, 250 millones de euros, aparentemente dentro de la legalidad que rige en la UE tras la Ley Beckham, pone en duda la solvencia de Football Leaks y afecta a todos los medios que lo forman y publican sus cosas. Yo creo que desde Assange y Wiki Leaks, toda desconfianza es poca ante esos hackers salvíficos y vengadores de los futbolistas ricos pero tan fácilmente manipulables desde instancias oficiales u oficiosas como muestra Franzen en su novela Pureza, dedicada precisamente a la fantasmagoría de estos hackeos babilónicos que al cabo quedan en meras filtraciones interesadas.
Sobre todo, cuando abonando todas las sospechas sobre todo lo que lleva al afijo leaks (del que yo desconfío casi tanto como de la Fiscalía Anticorrupción, creada por Felipe para disimular la suya y de su partido) al día siguiente de la portada de El Mundo, el portavoz de Gestha, sindicato del cuerpo técnico de Hacienda**, que debería estar tan prohibido como los de militares, cuyas armas son menos mortíferas que las del Fisco y tienen una acreditadísima capacidad de corrupción –en Barcelona, de Borrell al Barça- se ha convertido en las radios catalanas en fiscal y juez, instructor y perito, técnico y tertuliano, experto y moralista del caso Cristiano. Mollinedo, que es el jefe, dijo que "le podían caer seis años de cárcel", teóricamente sin conocer la investigación, aunque deslizaban cosas que a dos días después quedaban desmentidas, y sobre todo porque Hacienda no debe identificarse con ciertas actividades que no parecen moverse siempre dentro de la Ley.
Esto ha sido lo más grave del asunto, o lo que nos ha entretenido en este viaducto de la Constitución y la Inmaculada: que de nuevo Hacienda actuaba como policía política y fiscalía mediática, en una operación hecha de suposiciones y rumores que vulneran todos los derechos ciudadanos. Si El Mundo no asegurase, y yo tiendo a creer lo que dice mi diario de papel, que Football Leaks es una cosa extraordinaria, Los Intocables del Césped o algo así, me parecería asistir a otra operación de escarmiento popular como la de Lola Flores en tiempos de Borrell o la de la Pantoja en éstos. Peor aún: una forma de evitar mediante el miedo y la demagogia, que se hable de la masacre fiscal perpetrada por Rajoy con el apoyo de la Oposición.
Montoro, o sea, Soraya, o sea, Rajoy, ya han utilizado personal a sus órdenes, concretamente inspectores de Aduanas en operaciones siniestras de maquillaje político gubernamental, como la detención de Rato en pleno barrio de Salamanca, bajándole la cabeza como si fuera esposado, para al final recorrer 400 metros hasta su despacho y soltarlo enseguida, en cuanto las cámaras convocadas por el nº 2 de Soraya grabaron todo el escarnio. ¿Y va a ponerse el periodismo serio al servicio de esa canallería política? ¿Es admisible que un sindicato de técnicos de Hacienda, usando datos que no tienen o no deberían tener, haga el papel de Fiscalía Anticorrupción, mientras los fiscales se convierten, de golpe, en jueces de instrucción?
¿Es compatible el perioleakismo con la libertad?
Y hay algo más, aparentemente sólo periodístico pero que debería preocupar a todos, porque afecta a la información y a la creación de la opinión pública en un sistema democrático. Algo que en Libertad Digital y cualquier otro medio con vocación de influir en los sectores más importantes de la sociedad –económicos, políticos, judiciales, culturales- debemos debatir cuanto antes: ¿es compatible una sociedad que respete los derechos civiles con la existencia de proyectos como Football Leaks, sobre cuyos titulares más o menos fiables, de origen opaco y perfectamente maleables, salta un sindicato de Hacienda y tras ella la Fiscalía y luego los partidos políticos, sin que nadie defienda al ciudadano -hoy rico, mañana pobre- ante tanta arbitrariedad? El perioleakismo está aquí. ¿Es compatible con la Libertad?
De creer a El Mundo, mi periódico desde hace más de veinte años y que espero siga siéndolo mientras dure la civilización del papel, Football Leaks es "la prueba de la efectividad de las redes de investigación, el único mecanismo capaz de seguirle el ritmo a unas estructuras de poder globalizadas". Y esa "cooperación consiste en compartir información y consultas, desarrollando herramientas, plataformas y diseños propios". Yo creo justo lo contrario: es la herramienta ideal de esos poderes globales para manipular a su antojo la información y, con ella, a la opinión pública.
Si el periodismo español serio, el que queda, cae en la demagogia del infotaiment, resucita la tradición amarilla de alzar y derribar a diario ídolos populares al "ritmo de unas estructuras de poder globalizadas", es decir, al compás de filtraciones de cloacas policiales, empresariales o políticas, si se convierte en suministrador de un material que jamás admitiría un juez pero que blanquea Hacienda y sobre él levanta la Fiscalía sumarios sumarísimos, al servicio del Gobierno, la Oposición o de esas estructuras de poder siempre más poderosas que los que dicen que vienen a derribarlas, mal, muy mal vamos. Dejemos a los fiscales ser fiscales; a los jueces, jueces, a los periodistas, periodistas y a los futbolistas, futbolistas. Y dejémoslo aquí.
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** Actualización (16-12-2016): En una primera versión de este artículo se aludía a Gestha como "sindicato de inspectores de Hacienda". Es un error. Tal y como nos explica el sindicato de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) "1. Gestha no es el sindicato representativo del Cuerpo Superior de los inspectores de Hacienda sino un sindicato del cuerpo técnico de Hacienda. 2. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda realizan su labor de lucha contra el fraude siempre dirigidos y supervisados por un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado". José María Mollinedo es el portavoz de Gestha y, por lo tanto, tampoco tiene nada que ver con la asociación de inspectores ni con este cuerpo de funcionarios.