Era inevitable que algún caso de los infinitos que adornan la ejecutoria de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional –conocida como “Sala de Puertas Abiertas” por la legendaria aversión a las rejas de sus jueces– se convirtiera en esa gota que, incluso en las vasijas más capaces, consigue colmar el vaso. Y como suele también suceder en casos de corrupción o degradación extremas, ha sido un asunto relativamente menor el que ha conseguido sacar de sus casillas a todos los medios nacionales, incluido “El País”, que tras la jubilación de Clemente Auger puede jugar... a disimular.
Ha sido la puesta en fuga –llamarlo libertad provisional es un sarcasmo– de un peligroso y notorio narcotraficante por expresa decisión de la Sección Cuarta, (rectificada tardíamente, cuando ya el pájaro había volado) en contra de la expresa petición del fiscal, lo que ha conquistado las portadas y escandalizado editorialmente a los medios de comunicación. Pero es la trayectoria de sistemática oposición a la lucha legal contra el terrorismo que viene practicando esta Sala de la Audiencia Nacional (tribunal concebido expresamente para luchar contra ETA) lo que debería haber escandalizado hace tiempo a todos los medios y lo que tendría que haber llevado al Consejo General del Poder Judicial a disolver esa sala y abrir expediente informativo al menos a dos jueces, el sentimental Cezón y el intelectual López Ortega, que se han convertido en el símbolo de lo que el ciudadano más detesta en los tribunales, la preocupación por los derechos de los delincuentes y el desprecio por los atropellados derechos de las víctimas.
Entre los profesionales de ese ramo (que cuesta llamar Justicia) se denomina “garantista” a la escuela que se preocupa básicamente por garantizar –y de qué modo– los derechos del presunto delincuente aunque sea a costa de torcer el sentido de la Ley, chasquear a las víctimas y dejar impunes crímenes horrendos. Para la gente no contaminada de la jerga leguleya, el “garantismo” significa simple y llanamente que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra” gracias a la interpretación extremadamente ideologizada de la ley que practican ciertos jueces, muy progres, muy de izquierdas y, como dice de los pícaros de la Academia de la Lengua el eminente lingüista Gregorio Salvador, "muy...muy".
En España son relativamente pocos aunque muy poderosos los jueces adeptos de la escuela “garantista”, por lo general marxistas convencidos de la ilegitimidad esencial del sistema jurídico-penal de las sociedades demoliberales, consecuentes partidarios del “uso alternativo del Derecho” para subvertir el “orden burgués” según el esquema leninista-gramsciano y que anidaron durante los años de la Transición en la asociación “Jueces para la Democracia” ("por", más que "para" según los exegetas). Pero desde la llegada del PSOE al poder esta asociación –siempre partiendo del concepto de ilegitimidad de la legalidad– se incautó de los Tribunales, alteró las leyes, creó jueces donde no los había a través de cuantos turnos fueron precisos, promovió a los afines, arrinconó a los desafectos, politizó hasta la náusea los cargos y los estrados, y, en fin, consiguió que “se hiciera la Transición en el mundo judicial, tan extremadamente conservador”, lo que en román paladino significa que los progres se hicieron con todo el Poder.
Dentro de esa epopeya de la teoría sectaria al servicio de la carrera profesional, lo que Ledesma inauguró como golpismo judicial tosco y espinillero alcanzó el virtuosismo crepuscular con Belloch, epígono genialoide de una saga de zascandiles togados y políticos ambiciosos, una de cuyas dos manos izquierdas –objetor de Cervantes, es manco voluntario de la derecha– en el Ministerio de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, hoy estricta gobernanta del Grupo Parlamentario Socialista, es la “amiga” en el sentido pedagógico del término, es decir, la musa teórica del juez López Ortega, clave de éste escándalo. Él pasa por ser el definidor radical de esa Sala Cuarta cuyos números hacen inútil cualquier glosa: más de sesenta etarras, del centenar largo detenido últimamente por orden de Garzón, andan libres por la calle mientras sus víctimas aterradas tienen que encerrarse en casa. A eso han llevado a la democracia española los que un día se titularon “Jueces para la democracia”, actuaron luego según la fórmula “¡Jueces, a por la Democracia!” y, tras incautarse de ella, se han convertido en "Jueces contra la Democracia". Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato en ese reino de los ratones colorados?
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