No es que el Gobierno tenga mala conciencia por haber elegido el sistema de concesión en vez del de subastas para adjudicar las frecuencias de telefonía móvil, UMTS, GSM, etcétera.En realidad, la parte del Gobierno que defendió el criterio político de adjudicación, con Rato y Arias Salgado a la cabeza, está encantada de haberse impuesto a la otra parte del Gobierno que defendía la subasta: Montoro, Guindos y el equipo del Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que el PSOE ha encontrado un punto débil, una ocasión mollar para moler a palos parlamentarios al Gobierno por esos supuestos cuatro billones de pesetas "regalados a los amigos por un Gobierno al borde de las urnas". frase demagógica, sin duda, pero que tiene su parte de verdad.
Y lo que ha maquinado el Gobierno para frenar el acoso dialéctico y el desgaste político de esa denuncia es una forma de multa encubierta a los adjudicatarios de licencias mediante una subida del canon. Así pueden decir que no han perdido dinero sino que lo recaudan de otra manera. Claro que, ya puestos a subir los precios a posteriori o a multar a las compañías solventes, podían añadir que cada año le pondrán al espacio radioeléctrico el precio que les de la gana, según anden los Presupuestos. ¿Se dispara el gasto público? Pues se vuelve a subir el canon. Así, la chapuza sería completa, absoluta, elefantiásica y eterna.
La parte chusca de este episodio es que haya sido Montoro el encargado de presentar esta alcaldada como una gran noticia presupuestaria, como si las licencias dependieran de Hacienda o como si Rato y Birulés no fueran los verdaderos responsables de aquellas concesiones y de estas subidas. Es una forma de escurrir el bulto por parte de una ministra, Anna Birulés, acosada por la oposición esta misma semana por su pertenencia a una compañía adjudicataria de licencia antes de tomar posesión del nuevo ministerio, que se mire por donde se mire, es impresentable. Y sobre todo es un acto de cinismo por parte del Vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato que siendo el responsable de las concesiones delega ahora en su principal detractor, Cristóbal Montoro, la responsabilidad de defender esta cataplasma.
Estamos en contra de que el espacio radioléctrico sea un predio fiscal del Gobierno de turno. Creemos que no hay seguridad jurídica en ese ámbito ni en ningún ámbito de las comunicaciones en España. Constatamos que en vez de enmendar una decisión discrecional de forma clara y razonada se ha añadido arbitrariedad a la discrecionalidad. Nos parece de traca que en el Gobierno se repartan los papeles de este sainete en proporción inversa a la responsabilidad de la compañía Producciones Aznar. Y tememos muy fundadamente que toda la palabrería del Gobierno sobre internet y las nuevas tecnologías desemboque en episodios como éste, que demuestran una insensibilidad total sobre el desarrollo y la modernización de España y una hipocresía sencillamente nauseabunda.
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