Resulta verdaderamente obsceno ver a los líderes de dos organizaciones como UGT y Comisiones Obreras, pilladas en flagrante y gravísimo delito de malversación de fondos públicos, riéndose e intercambiando ocurrencias con el vicepresidente económico y el ministro de Trabajo, para que las televisiones certifiquen que esa entelequia llamada “diálogo social” es un muerto que goza de buena salud. Nadie puede siquiera imaginar que el presidente de una gran empresa de la construcción pillada en un delito grave contra la Hacienda Pública pudiera reunirse con el Ministro de Fomento el mismo día en que los periódicos destapan su gatuperio. Sin embargo, da la impresión de que los sindicatos españoles, cuanto más delinquen, sea contra la libertad de los ciudadanos, sea contra el bolsillo de los contribuyentes, más miedo dan y más sonrisas cosechan en el Gobierno.
Sin embargo, el sumario en marcha en la Audiencia Nacional por fraudes en el Forcem es no sólo un símbolo, sino un ejemplo del sistema de financiación del dichoso diálogo social, es decir, de esa foto con que los gobiernos acreditan una “sensibilidad social” mucho más cerca de Solís y de los sindicatos verticales fascistas o franquistas que de una economía y una sociedad modernas, democráticas, verdaderamente libres. No nos atrevemos a decir liberales, que es lo que nos gustaría, sino simplemente legales. Porque es evidente que esa mezcla de violencia y corrupción institucionalizada que constituyen los sindicatos y la patronal creados en la Transición y canonizados en los Pactos de la Moncloa resulta rigurosamente incompatible con el estado de derecho.
Entre la estafa de la PSV que UGT sigue adeudando al ICO y los dieciséis mil millones de pesetas robados al Forcem que sindicatos y patronal deberían devolver estamos ante una cifra escalofriante, que es seguramente mayor. Si no pagan, por lo menos que no les rían la estafa.
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