El Consejo General del Poder Judicial, que suele presentarse como “Gobierno de los Jueces” tendrá que explicar cómo es posible que en Cataluña (no sólo allí, pero, sobre todo, allí) haya jueces empeñados en canonizar el delito y beatificar a los delincuentes, mientras se reprime a los funcionarios que intentan esa cosa tan poco progre pero tan necesaria que es conseguir que esto se parezca a un Estado de Derecho. Considerar, como acaba de hacer una juez de Tarragona, que los “okupas” cumplen una “función social” es tanto como considerar que los terroristas desempeñan una función política. Si el delito contra la propiedad es parte del funcionamiento de la sociedad que la Justicia quiere proteger, hay que dejar de pagar el sueldo a los jueces (la propiedad privada que acrecienta su sueldo es despreciable) y hasta de saludarlos con respeto por la calle, porque se han convertido en agentes subversivos y enemigos del Código Penal. A este paso, cuando uno se cruce con un juez, va a tener que cambiar de acera, por si acaso.
Después del Caso Liaño y de las hazañas de Bacigalupo, uno no sabe muy bien lo que es prevaricación, salvo que parece lo contrario de lo que dictaminan ciertos magistrados. Pero si el fiscal jefe Mena (de la acreditada firma Mena&Villarejo Left Unlimited Orchestra) ha dado instrucciones de que los fiscales no apliquen la ley a los “okupas” porque le divierte o considera benéfica su “función social”, es evidente que el señor Mena se ha convertido en un protector del delito y debe ser apartado de sus funciones. Y la jueza de Tarragona que, embebida de la “Doctrina Mena” de complacencia con el allanamiento de la propiedad privada, ha amenazado a la fiscal por “rebeldía” al no cumplir la delictuosa instrucción de su superior, debería ser objeto de inmediato expediente disciplinario.
Cuando la inseguridad ciudadana se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, especialmente los que viven en grandes ciudades, estos jueces y fiscales que se prevalen de su cargo y aprovechan el sueldo que entre todos les pagamos para aplicar las siniestras ideas de Marx o de Proudhon contra la propiedad están desempeñando una gravísima función antisocial y antidemocrática. Son antijueces y antifiscales y garantizan a muy corto plazo la derrota de la Justicia, de hecho y de Derecho. Si el CGPJ no toma medidas fulminantes, habrá que pensar en la rebeldía fiscal contra los que saquean la propiedad privada y contra sus “padrinos”. No parece razonable pagar a quienes protegen a los que roban, a los que asaltan lo que no es suyo, a los que se burlan de lo que hace libres y prósperas a las sociedades que lo son. ¿Por qué la implacable jueza de Tarragona o el seráfico fiscal Mena no ofrecen sus domicilios y oficinas para que los “okupas” desarrollen su “lúdica” acción social?