La monarquía y los límites de la razón política

El evidente entusiasmo popular, la curiosidad desmedida, el parloteo atronador, la voracidad visual de las muchedumbres en torno a la boda del Príncipe de Asturias (que mucha gente se empeña en llamar Príncipe de España, como Franco a Don Juan Carlos) es un enigma para quienes piensan, o queremos pensar, que la política debe ser un ejercicio de razón, una arquitectura de intereses ordenada en función del equilibrio dinámico de las sociedades. Pocas sociedades se han modernizado tanto en tan pocos años como España. Pocas muestran un apego popular tan notable a una institución por la que racionalmente no muestran demasiado afecto. Pero si el número de republicanos provocado por el “efecto Leticia” será sin duda grande, no alterará la premisa básica de la aceptación de la monarquía reinstaurada por Franco utilizando la dinastía tradicional. Es desde hace ya bastantes años y según todas las encuestas la institución más valorada por los españoles y ello en función de lo que simboliza: la continuidad histórica de la nación española y una instancia por encima de los gobiernos de cualquier signo político.

 

Estamos, pues, ante dos hechos aparentemente liberales: preservar de la política un ámbito institucional que deje a la sociedad relativamente a salvo de las querellas de partido y mantener instituciones cuyo peso simbólico se mantiene al margen de las elecciones y los vaivenes de la democracia. Sin embargo, el instrumento que se emplea para lograr ese doble fin supone la negación de la democracia, que parte de la igualdad esencial de los ciudadanos ante la ley, ya que privilegia a uno de ellos en función de criterios familiares o dinásticos muy anteriores al liberalismo y a la democracia. Y además no queda a salvo de una cierta complacencia partidista con el gobierno de turno o los poderes fácticos que desmienten su función genuinamente simbólica y nacional.

 

Eppur... si muove. La monarquía parlamentaria ha sabido conjugar, cuando el inquilino de la institución es capaz de entender y representar bien su papel, la esencia liberal y democrática de una sociedad de libertades con los aspectos emocionales definitorios de la comunidad nacional, del estado-nación que solemos identificar con la república. Es extraño que un país, incluso con una monarquía antiquísima como la española, renuncie a la forma de estado republicana pero es indudable que nuestra nación lo ha hecho varias veces: ninguna dinastía ha sido tan expulsada y tan recuperada como la de los borbones españoles. Algo malo harán y algo bueno tendrán. Lo bueno está a la vista: a la gente, al común de los ciudadanos, le gusta sentirse estética, simbólica, emotivamente representada a un nivel como el de la monarquía que tiene más de magia que de política. Lo malo es también evidente: no entender los límites racionales de una función política cuyo éxito radica probablemente en su carácter contradictorio. Si los liberales tenemos como principio básico no creer que las construcciones racionales pueden superponerse o imponerse a la realidad, es indudable que los fastos de la boda del Príncipe ponen a prueba nuestros principios. Pero es que la realidad no es totalmente cognoscible ni absolutamente domeñable. Hay elementos de la vida política con los que vivimos sin acabar de entenderlos: los sentimientos, las naciones, las monarquías...