La última visita a España de Néstor Kirchner, "El Dioni de la Pampa", dejó claro para el que quiera ver -o, simplemente, para el que no quiera taparse los ojos- que en Argentina existe un auténtico "lobby" encabezado por el Gobierno y el Presidente de la República que culpa públicamente a las empresas españolas radicadas allí desde hace una década de todos los males que padece el país, empezando por el esencial, que es el atropello a la propiedad privada, y terminando por la inmensa corrupción de unos dirigentes que no son capaces de dejar de gastar lo que no tienen y de robar lo poco que queda. Un tipo como Kirchner, que se vanagloria de haber sacado el dinero de su provincia a Suiza al tiempo que se niega a satisfacer los plazos de la deuda con el FMI, es un peligro público. Por desgracia, no sólo nacional, sino internacional. Y, muy concretamente, español.
Que el mismo sujeto que en Madrid acusa a los empresarios españoles con inversiones en Argentina poco menos que de robar a medias con otro Gobierno de su partido, acaba de levantar el obstáculo legal que impedía la extradición a España de presuntos torturadores y asesinos de la dictadura de sucesivas juntas militares de los años 70. Con ello, ha empezado a cumplirse la demanda de extradición del juez Garzón, que, como todos los jueces de la Audiencia Nacional, se ha proclamado universalmente capaz de perseguir los crímenes contra la humanidad, con tal de que se denuncien en Madrid. El "Caso Pinochet" puede ser una broma al lado de la cincuentena de "milicos" o "gorilas" ya detenidos y que podrían ser enviados a España próximamente.
Pero si lo de Pinochet fue un disparate siniestro, esto de Argentina resulta una tomadura de pelo intolerable. ¿Por qué razón este Kirchner tan valiente para atacar a los empresarios españoles que cometieron el error de confiar en los tratados internacionales que firma Argentina anula la ley que impide extraditar y no la ley de "Punto Final" que impide juzgar presuntos crímenes cometidos durante la dictadura por los terroristas y por las fuerzas represivas? ¿Qué broma es ésta de que los españoles no tengamos derecho a la presunción de inocencia cuando arriesgamos nuestro dinero en Buenos Aires (los accionistas de las grandes empresas españolas son sus verdaderos dueños) y sin embargo nos concedan derecho a juzgar a los argentinos que sus compatriotas no quieren juzgar, por hechos sucedidos allí y no aquí, además de sujetos a leyes de amnistía y a acuerdos políticos de Estado? Argentina no es Liberia. Si quieren derogar sus leyes, que lo hagan. Y si no, que hagan cualquier cosa menos lavar sus trapos sucios en España.
No pagan el detergente y luego se quejan de que España no lava más blanco. ¡Cómo vamos a lavar nada sucio, propio o ajeno, si aún no se ha repatriado Bacigalupo!
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