Creo que fue Pablo Castellano, entonces saliendo del PSOE, el que hace veinte años dijo que "el tránsito del felipismo a la democracia se antoja ciertamente difícil". Y como nunca se desfelipizó ni despolanquizó del todo aquel régimen, la democracia se mantiene como deseo, nunca como hecho, y cabe decir que el tránsito del juancarlismo a la monarquía parlamentaria se antoja dificilísimo. Es cierto que Felipe VI ha comenzado su reinado con un gran discurso en defensa de la monarquía constitucional española, que glosó, como debe ser, en orden inverso: primero, la nación; después, la Constitución; y por último, al servicio de la primera y según las leyes de la segunda, la monarquía. Hizo algo más, que no es legal ni institucional, pero que tiene un valor superior en la España de hoy: asumió personalmente el compromiso de una Corona cuyo comportamiento debe ser honesto, transparente y ejemplar. Pero si la Corona debe ser así y no seguir siéndolo, es porque no lo es. Y si tanto y tan agradablemente nos ha sorprendido el discurso es porque nos parece quijotesco, si no milagroso, su propósito.
Un reinado ni honrado ni honesto
El nuevo Rey padece el anglicismo –típicamente generacional- de utilizar "honesto" por "honrado", cuando el español -que supera al inglés metafísicamente al dividir el to be en ser y estar- llama honrado al que no roba a los demás, sobre todo dinero público, y honesto al que observa una conducta moralmente intachable o, al menos, socialmente discreta en lo que afecta al antiguamente llamado "pecado de la carne". Suele decirse que el honrado lo es de cintura para arriba y el honesto de cintura para abajo, pero los bolsillos cambian mucho de lugar –algunos hasta migran a lejanos paraísos fiscales- y el vicio ofrece muy diversas variantes anatómicas, así que, en general, cabe referir lo honrado al ámbito del dinero y lo honesto al del sexo, en su percepción social o pública. En lo privado, qué sabe nadie. Pero siendo el nuevo rey hijo del anterior, nadie le reprochará la confusión entre honradez y honestidad, porque a Juan Carlos casi se le ha jaleado la falta de honestidad y nadie ha sido tan temerario de acusarlo de honradez. La doble ovación a la Reina en el discurso fue el desquite por lo primero; y la transparencia anunciada, la promesa de no seguir cultivando lo segundo.
Sin embargo, el juancarlismo no ha sido sólo el disfraz monárquico de un bonapartismo de entrepierna, sino una cleptocracia abonada a la apropiación indebida y enajenación sistemática de los recursos del Estado. Pero no sólo de los fondos, subvenciones, canonjías y prebendas que han pasado de lo público a lo privado sin el preceptivo concurso ni el menor indicio de transparencia legal, que habría sido, al cabo, solamente robar. Es que además de saquear FAD y FED -Fondos Europeos para el Desarrollo-, los sucesivos gobiernos del juancarlismo, de Izquierda o de Derecha, han enajenado a cambio de fugaces apoyos parlamentarios de los nacionalistas competencias del Estado que por afectar de lleno a la soberanía nacional jamás deberían haber sido objeto de canje, negociación o concesión. Es el caso de la Educación y la Sanidad, claro, pero también del Orden Público y de la Administración de Justicia, cuya dispersión autonómica tiene efectos todavía más graves. Tanto, que han roto el espinazo, vale decir el esqueleto mismo del Estado, privado del monopolio de la fuerza y de la unidad jurisdiccional que faculta su empleo en un régimen democrático eficaz. No es que se haya triturado la legalidad, es que se ha destruido la legitimidad.
Y en ese proceso de demolición nacional y despedazamiento estatal ha habido tres elementos fijos, permanentes: el Rey, el PSOE y PRISA. Ya antes de llegar el PSOE al poder, la UCD cuarteada cedía a la presión de los socialdemócratas de centro, pronto socialistas de derechas. Desde el triunfo felipista de 1982, el expolio de Rumasa, la derogación de la LOAPA y la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, condonados por un Tribunal Constitucional nacido muerto, certificaron la politización de la justicia y el cesarismo de un PSOE que, de la mano de PRISA y con el apoyo del nacionalismo de Pujol, duró más allá de 1986. Tanto duró que Aznar se fue del Gobierno sin atreverse a cumplir la sentencia del Supremo que obligaba a vender las emisoras de Antena 3 Radio. Peor aún: llamando el mismísimo Aznar a PRISA "Poder fáctico fácilmente reconocible". ¡Y tan reconocible! ¡Como que antes de irse, creía que por la puerta grande, le confió el futuro político de su señora al prisaico y desahuciado Gallardón!
Tras el 11M, el futuro del régimen, ese Triángulo de las Bermudas de la Libertad cuyos vértices eran la Zarzuela, el PSOE y PRISA, se jugó en terreno del PP. En su primera legislatura, con Rajoy frente a Zapatero, que, con el respaldo explícito del Rey, puso en marcha el pacto con la ETA y el proceso separatista catalán que parte del nuevo Estatuto de Cataluña y alcanzará su clímax en el referéndum del próximo Noviembre. Tras la derrota electoral de 2008 y el Congreso de Valencia, con Rajoy convertido en socio y eventual sucesor de Zapatero, siempre a las órdenes de PRISA. Llegado al Gobierno por la crisis económica y el hundimiento de Zapatero, no por su vigor en la Oposición, Rajoy no ha cambiado de política en los tres puntos clave: 11M, ETA y Cataluña. Al revés, ha mantenido e incluso reforzado la del PSOE, con la complacencia del Rey y con el respaldo del imperio prisaico, cuya ruina y desaparición ha evitado el Gobierno del PP.
El terremoto político electoral e institucional
Pasado el ecuador de una legislatura sonámbula, se ha producido, sin embargo, un terremoto político, el de las elecciones europeas, entre cuyos efectos políticos figuran la crisis abierta del PSOE y el PSC, la disimulada pero no menos real del PP y la abdicación del Rey, que señala el fin cronológico de ese régimen que tiene el triángulo Zarzuela - Ferraz - PRISA como base esencial, pero con un aliado, el nacionalismo catalán, que pone abiertamente en peligro la supervivencia del Estado e incluso de la propia nación que lo legitima. Este proceso separatista, respaldado desde hace décadas por los medios de PRISA y del Conde de Godó, que ha contado siempre con el apoyo del PSOE y del resto de la izquierda, ha alcanzado un punto de muy difícil, si no imposible, retorno. Y eso es lo que este mismo otoño pondrá a prueba al Gobierno y a la propia monarquía renovada.
Sin entender esa naturaleza triangular del juancarlismo fáctico y su aliado catalanista no es posible afrontar el reto de lo que, al cabo es el producto de estos últimos 39 años. Si el Rey quiere hacer frente al desafío separatista, deberá combatir abiertamente esa legalidad paralela, esa legitimidad falaz e impostada que le ha saltado a la yugular por atreverse a no leer el discurso tetralingüe que, de la mano de Roca, y de la pluma de PRISAGuardia, le habían redactado. Veremos si el discurso es sólo ocasión de arrepentimiento o prueba de que no se quiere pactar con quien siempre quiere mandar ni contentar a quienes nunca se van a contentar. Cuatro piezas del bunker de este régimen agonizante han cañoneado el discurso del Rey: Mas y Urkullu, Cebrián y Godó. Pues bien: si para desmontar el régimen que heredaba, Juan Carlos debió inutilizar el bunker franquista, para alcanzar la España constitucional que propugna, Felipe VI deberá hacer lo mismo con el bunker juancarlista. Ojalá se atreva, por lo menos, a intentarlo.