Las confusas declaraciones del Consejo General del Poder Judicial a propósito del supuesto apartamiento de la carrera del juez Liaño --que según la contestación del CGPJ nunca se produjo y por eso le llama "señor juez" al contestar a su demanda-- han dejado clara una cosa: en este asunto ha prevaricado más de un juez y el único que está libre de sospecha es precisamente Liaño.
Porque si el Supremo --llamémosle Bacigalupo, para entendernos y acercarnos a la verdad-- echó de la carrera a Liaño sin tener potestad para hacerlo, se atribuyó funciones que no son suyas y prevaricó al por mayor, perjudicando clamorosamente al acusado y arrastrando por el fango la Ley. Pero si el CGPJ aceptó aparentemente que el Supremo, o sea, Bacigalupo, echara de la carrera a Liaño, pero evitó cumplimentar el requisito legal que obliga a instruir un expediente y decidir luego si expulsa o no de la judicatura al juez condenado, como ha hecho recientemente en el caso de la jueza de Coín, hizo algo más que dejar en la ilegalidad esa expulsión, que lo sería doblemente: en origen y por defecto de forma. Además, pudo compartir la prevaricación del Supremo por no denunciarla y prevaricar por su cuenta al no advertir al condenado de sus derechos en el tiempo oportuno ni ejercer su función tutelar ante la opinión pública, aclarando como era su obligación un asunto que ha alarmado como ningún otro a la ciudadanía.
Cada vez son más los convencidos de que en el juicio y condena a Liaño el único que no prevaricó fue Liaño. Pero el CGPJ ha llevado su retorcimiento pastelero a tales extremos que ahora se halla cogido en su propia trampa: o prevaricó con el Supremo, o prevarica contra él o prevaricó a favor y prevarica en contra. Que nos lo aclaren, antes de tener que concluir que todos prevarican siempre.
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