Como ya sucedió en el auto de condena del juez Liaño, cuando el voto particular de Martínez Pereda retrató la parcialidad manifiesta de los otros dos jueces condenadores, Bacigalupo y Ancos, en el voto de Román Puerta y los otros cinco jueces del Supremo se retrata la parcialidad manifiesta y la burla de la legalidad por parte de los ocho jueces condenadores o recondenadores. Dice martínez Pereda que negar lo sustancial del indulto es como negarlo y negar la legalidad que se dice aceptar, y eso es así, aunque no lo hubiera dicho el presidente de la sala, pero, además, lo ha dicho.Y consta.
Aznar ha sido clamorosamente afrentado por los moscosos y bacigalupos. El Gobierno verá ahora si tiene fuerza numérica para torcer el designio de la cuadrilla mayoritaria, porque al hacer como que aceptan el indulto pero negándolo, lo que están negando también es la posibilidad de apelación. En rigor, todo el asunto apesta a lo que basta llamar prevaricación, porque es algo más y más serio. Propusimos en su día para designar este fenómeno de politización judicial al máximo nivel el neologismo: "prevarigalupar", por el papel desempeñado por el magistrado argentino, pero lo de menos es el nombre. Lo terrorífico es el contenido, la contumacia en lo que ya no es un error, sino algo infinitamente más grave. Y así lo denuncian, aunque no con estas palabras, los seis magistrados que replican a los ocho felipolanquistas de guardia.
Pensemos que esa mayoría de ocho a seis se forma gracias a un voto, el de Arrieta, ex-marido de la actual mujer y abogada de Liaño, que jamás debió atreverse a condenar a nadie, y a quien cabría juzgar, en orden a la intención prevaricadora, con más pruebas y evidencias que al propio Liaño. Si hubieran empatado a siete, como se pensaba, hubiera decidido el voto de calidad de Román Puerta, firmante de la condena moral de la sentencia legal. Y al margen de que en este caso el lodo salpica hasta las cejas de todo el Tribunal, ¿quién puede confiar en una justicia cuyo veredicto depende de un número que a su vez es fruto del rencor manifiesto, la ira pública, las deudas profesionales y el descaro político?
Aparte de apelar, lo que debería hacer Aznar es cumplir sus promesas y acabar con la politización del Poder Judicial. De otra forma, seguiremos como hasta ahora: prevarigalupando, que es prevarigerundio.
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