Cuantas más horas pasan y más vamos sabiendo del que deberíamos empezar a llamar caso Ponga, más se pone de manifiesto que podemos estar ante una hazaña judicial digna de Bacigalupo, superjuez de Ambos Hemisferios que, por cierto, sigue sin explicar si ha cumplido las leyes españolas en materia fiscal durante los últimos años y el CGPJ también sin preguntárselo. ¿Será que nadie del CGPJ paga a Hacienda y no lo consideran delito? ¿Será que hay más sobresueldos inconfesables en el Supremo? ¿Qué será?
Lo que ya no será sino que es un verdadero escándalo es el proceder de la Fiscalía Anticorrupción contra el secretario de Estado de Hacienda, Rodríguez Ponga. No sólo se le achacan actos y se le piden cuentas que no se piden a sus superiores ni a nadie de los que mandaban entonces en el BBV; es que además se le piden por lo que ha hecho otro banco filial –Privanza, no la central del BBV–, en base sólo a un testimonio que está desmentido por otro; es que el Fiscal Anticorrupción –qué pedazo de título– empieza y termina en él la cadena de responsabilidades, si las hubiere. Y, sobre todo, es que parece más que evidente que la Fiscalía no ha imputado expresa, literalmente a Ponga pero sí ha dicho, ha sugerido y no ha desmentido que esté imputado, para causarle el mayor perjuicio personal y provocarle al Gobierno el mayor daño político. Ningún felipista tan acendrado, por razones familiares y políticas, como Carlos Jiménez Villarejo debería dirigir la investigación sobre el gran escándalo financiero del felipismo, que es el de las cuentas del BBV. Debería abstenerse por decencia elemental. Pero siguiendo la estela del inolvidable jurista porteño, no sólo no se aparta del caso, sino que se mete de hoz y coz. Sobre todo coz. Así que el que tiene que explicarse no es Ponga; es Villarejo... antes de irse. Y de paso, Cardenal, que también se ha lucido.
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