Poco antes de que el Gobierno se esconda de nuevo tras las togas del Tribunal Constitucional, Montoro se ha complacido en deslegitimarlo. Ni siquiera cuando ha sido Rajoy el perjudicado por una decisión judicial -la última, clamorosamente injusta, es hacerle declarar en persona por el Caso Gürtel, cuando el mismo tribunal permite declarar por videoconferencia a notorios extremistas y violentos enemigos de la Nación y la Constitución- se ha permitido el Gobierno cocear tan violentamente a un Tribunal cuyo único destino razonable, lo hemos dicho mil veces, es convertirse en una Sala del Supremo, perdiendo su condición ilegal de Supremo del Supremo.
Hacienda, cómplice de los delincuentes fiscales
El jueves, el Constitucional declaró ilegal la amnistía fiscal de 2012, perpetrada por Montoro, al tiempo que nos asestaba una estocada tributaria feroz, la peor de nuestra Historia, y mantenía el disparatado gasto público. Lo hizo ilegalmente mediante decreto-ley, para no debatir siquiera en el Parlamento los términos y razones de ese blanqueo de fondos delictivos, que no otra cosa han sido y son siempre las amnistías fiscales: el recurso de un Fisco con problemas de tesorería a los delincuentes fiscales que guardan su dinero en otros países, por lo general caimanes y por tradición suizos.
Yo no condeno que la gente tenga su dinero donde legalmente pueda. Lo que me indigna es que se mime con una multa del 10%, luego del 3%, a los amigos que necesitan blanquearlo para mantener sus negocios mientras a la clase media se le roba el 50% de lo que gana, se la maltrata con unas inspecciones dignas de Stalin, no de un Estado de Derecho y, encima, se nos insulta en los medios y en las Cortes. Nadie nos ha machacado tanto como Montoro. Nadie nos ha insultado más. Pero tampoco a nadie ha condenado tan duramente el Constitucional como a este déspota que es ya el vampiro con más en el cargo de chupar la sangre de los españoles.
Nos había confesado el Abogado del Estado en el caso Urdangarín, superando en corrupción intelectual a la Fiscalía de Horrach, que "lo de que Hacienda somos todos es una mera frase publicitaria, pero no es verdad". Ya lo suponíamos, pero lo que no habíamos visto nunca es que la máxima instancia legal, a la que de ordinario y extraordinario recurre el Gobierno, condenara al Ministerio de Hacienda en términos sólo compatibles con la dimisión del ministro. Si es que el Gobierno, como hasta ahora, busca el amparo del Constitucional para frenar el referéndum separatista catalán.
El Constitucional nos toma el pelo
Pero es tal la fatuidad, está tan asentada la confianza en la impunidad de sus ilegalidades, es tan escandalosa la hoja de servicios de Montoro a Rajoy, que su respuesta ha sido poner a caer de un burro al Tribunal, a los medios, a la oposición y a cuantos entienden que declarar ilegal un acto del Gobierno, por la forma del decreto-ley y por el fondo de privilegiar a los que no pagan a Hacienda por encima de los que, con harto dolor, lo hacen. Lo primero es fruto de la política chapucera de este Gobierno. Lo segundo es un atentado a la igualdad constitucional de los españoles ante la Ley.
Con un agravante, en el que insiste el Tribunal, un Ministerio que debe perseguir el fraude fiscal, se conchabó con el delito que presume de perseguir. Añadamos que mintió tras el escándalo de conocerse que los primeros beneficiados eran los recaudadores del impuesto reaccionario del PP en dinero negro -con Bárcenas a la cabeza- y la banda de los Pujol. Se comprometió Montoro a inspeccionar a todos los acogidos a la amnistía, vulnerando esa seguridad jurídica que ahora reivindica y el TC acepta de forma esquizofrénica, única forma de lograr el voto por unanimidad. No lo ha hecho. Sólo uno de cada diez. El resultado del delito fue, además, una prueba de que la ilegalidad nunca está reñida con la incompetencia: 1.200 millones de euros en 31.000 declaraciones; oficialmente se buscaban 2.500 y oficiosamente -búsquese en la prensa de la época- entre 5.000 y 10.000. Ni siquiera puede alegar Montoro el hurto famélico: se robó y no se comió.
Por supuesto, el TC nos toma el pelo diciendo que la amnistía fue en la forma y el fondo ilegal pero que su resultado es inapelablemente legal. Lo ilegal no puede ser legal, o sobra el tribunal. Y no busque la excusa de la "seguridad jurídica" de los pocos que tan poco pagaron. Es mucho más importante la seguridad jurídica de todos los españoles, que el Gobierno vulneró a conciencia y el TC se limita a castigar con un coscorrón moral.
La sentencia del TC, una "perorata judicial"
En cualquier caso, de aceptar que ese atropello de la legalidad no tiene remedio, todavía es más necesario pedir la cabeza del responsable político del delito. Porque delito sin remedio posible ha sido, según el TC. Pero Montoro y sus montoneros no están dispuestos a correr la suerte de sus enemigos del PP -Soria y Aguirre- a los que ellos ejecutaron con filtraciones criminales o detenciones ilegales, como la de Rato. Se han hecho a vivir fuera de la Ley y les molesta hasta que les recuerden su existencia.
Eso explica las frases terribles que en su excelente crónica de ayer recogía Jorge Bustos en El Mundo: la sentencia es "una perorata política"; "Montoro no piensa dimitir porque es Rajoy" y ésta que lo resume todo: "Nos hemos olvidado de 2012. Era el epicentro de la crisis. España estaba al borde del rescate y necesitábamos liquidez. Afloró menos dinero del esperado, pero ni Rajoy ni Montoro imaginaban que la medida pudiera declararse incompatible con la Constitución, del mismo modo que no lo fueron las amnistías de Solchaga y de Borrell".
Sin recurrir a lo que dijo Montoro - egalo de hemeroteca para su moción de censura, si Pablenín supiera leer- se olvidan estos montoneros montoritas de que el PP, Aznar como Rajoy, las condenaron siempre, desde la lavandería de dinero negro que, por broma del idioma, llamaron AFROS (Activos Financieros con Retención de Origen). El PP los condenó por ser anticonstitucionales, en los mismos términos que ahora el Constitucional.
Y por supuesto que no nos hemos olvidado de la crisis. Ni de que para remediarla Rajoy y Montoro, subieron salvajemente los impuestos y buscaron la colaboración del hampa, antes que cerrar un solo pesebre del gasto público: alcaldías, diputaciones, autonomías, Gobierno Central y empresas públicas. En 2012, todo era del PP. Pero antes que reducir tanto pienso, prefirieron perder Andalucía. "Vamos a descolocar a la Izquierda", presumió Montoro. Y el joven Arenas se quedó sin la Junta, porque medio millón de andaluces que acababan de votar al PP se negaron a repetir. No, no nos hemos olvidado. Y espero que la oposición no se olvide tampoco. Si "Montoro es Rajoy", y vaya si lo es, su caída será rápida. Más difícil lo tenía Cicerón con el golpista Catilina y en cuatro discursos lo hizo huir. La frase "Quo usque tandem, Catilina, abutare patientia nostra?" (¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?) fue su epitafio. Cambien Catilina por Montaurus y R.I.P.