Los datos de la EPA modernizada son extraordinariamente interesantes y –si se sacan las conclusiones correctas– positivos por muchas razones. La primera es que no parece que estemos ante una manipulación sino al contrario: un mayor rigor estadístico. La segunda es que estos datos más creíbles corroboran la intuición de mucha gente frente a los datos oficiales del paro: hay mucho más empleo del que se dice y bastante menos demanda de la que dan a entender los datos de la EPA. La tercera es que esa nueva evaluación del censo laboral arrastra la del censo global, que podría alcanzar e incluso sobrepasar los 41 millones de personas, cuando hace apenas cuatro o cinco años se nos aseguraba que íbamos irremisiblemente camino de los 35.
La cuarta –y fundamental– es que el cambio social sobre el que se asienta el despegue económico del conjunto de España es la llegada masiva de inmigrantes, lo que exige de forma urgente e inexcusable en el Gobierno, en las instituciones y en los partidos políticos responsables –si los hay– una auténtica política de extranjería, tanto en la selección previa como en el control interior, así como de integración ciudadana y nacional de las nuevas generaciones de españoles que incluyen un número creciente de hijos de matrimonios inmigrantes o mixtos. Junto al separatismo terrorista y la desestabilización institucional –a los que se ha referido reciente y acertadamente el Presidente del Gobierno–, el gran reto de la nueva sociedad española, no la del futuro sino la del presente, es integrar en una sociedad regida por los principios de libertad y seguridad a un número de recién llegados desde los más diversos lugares y procedencias que no tiene precedentes en la historia de España. Por lo menos, desde los godos.
La forma de integración es exactamente la que su nombre indica. No es aceptable –sería en realidad suicida– que la coexistencia de costumbres y culturas se convirtiera en la práctica en legislaciones paralelas y en ámbitos de la vida colectiva totalmente fuera de la Ley. La primera escaramuza de la “guerra del chador” debería marcar la pauta. Todos los que aspiren a vivir en España deben aceptar sus leyes, para ellos y sus hijos. Y si no, deberán sufrir el peso de la Ley con todas sus consecuencias, incluída la expulsión.
España es una sociedad de ciudadanos, no de habitantes, merodeadores o supervivientes. La escuela es el primer ámbito de ciudadanía donde rige la Constitución española y deben asegurase los derechos básicos de todos y cada uno de los individuos. No hay “excepción cultural” ni “multiculturalismo” que valgan. España no es un sitio donde las mujeres puedan ser educadas desde niñas en la sumisión y en la aceptación de ser vicepersonas o ciudadanos de segunda clase. Los que lo intenten están delinquiendo contra la legalidad vigente. En San Sebastián o en San Lorenzo del Escorial. A lo mejor atendiendo las necesidades de la España nueva somos capaces de abordar de frente los problemas de la España vieja. Son, en última instancia, los mismos.
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