No es fácil que la memoria y el sentido común se impongan en política. Por lo menos, cuesta muchísimo que suceda así cuando el político está en el poder y la memoria le produce una seria perturbación en sus planes. Sin embargo, Aznar no tiene alternativa a medio plazo en el caso Piqué, entre otras cosas porque, en el dudoso caso de tenerla, Jesús Cardenal se la habría desbaratado con su recurso a los Cuarenta Principales del Supremo, que, como su nombre indica, pertenecen a la cadena de Polanco & González & Co. Por el lado fiscal, nada que hacer.
Lo que sí puede arreglarse, en el caso de que el Pacto sobre la Justicia sirva para algo, es que a Piqué, después de dimitir, no se le deje sin juzgar tres o cuatro años. Lo justo sería una dimisión inmediata y un juicio rápido en el que se sustancie lo único que en política tiene valor: si puede seguir en ella. En el caso de Piqué, si puede ser candidato en las próximas elecciones autonómicas. Todo lo demás que haga o que intente hacer Aznar desembocará en el viacrucis habitual del felipismo, cuando se impuso la nefasta doctrina de las responsabilidades judiciales como sustitutas de las responsabilidades políticas. No hay forma de sostener esa ficción y la propia historia reciente de España lo demuestra. Como mucho, cabe obligar a los jueces a que sean decentes o, por lo menos, lo parezcan. Más, imposible.
Comprendemos que en este caso la memoria se rebele. Políticamente, sin embargo, la memoria es el recurso de los más decentes. Y Aznar, comparado con González, sigue en la categoría de los más decentes. Pero si se olvidan las promesas electorales, también pueden olvidarse las diferencias entre honrados y sinvergüenzas. Conviene no ceder a la tentación de olvidarlo, por fuerte que sea la tentación.
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