Ya ni siquiera es noticia que el Gobierno coloque de matute una modificación legal importante a través de las Leyes de Acompañamiento Presupuestario, ese camión de la basura del estado de derecho que se ha hecho el amo del Parlamento. Pero el cambio en los límites accionariales para las cadenas de televisión privada (en régimen de concesión político-administrativa, no se olvide) merece un poco más de atención de la que habitualmente se brinda a estos vástagos nocturnos de las leyes, hijos no por mostrencos menos naturales de los enterradores de Montesquieu.
Es la segunda vez que se reforma la ley promulgada por el PSOE para conceder parcelas de poder financiero-informativo a las diversas familias del felipismo. Si en vez de tres plutócratas satisfechos se conseguía aumentar su número hasta doce o más (el límite máximo del 25% permitía a su vez fragmentaciones de cada cuarto del accionariado) se podía cumplir con los compromisos en materia de financiación y de clientela. Aún así, no hubo para todos. Por ejemplo, Asensio se quedó fuera del reparto del pastel, provocando una crisis de llanto en Cándido, que era su consejero-aconsejado en la corte de Tigrekán y que estuvo a punto de quemar la Bodeguilla.
Pero la primera ley de televisión privada nunca se cumplió, y por lo mismo que cabe desconfiar de que esta ley y las venideras se apliquen alguna vez: las leyes en materia de comunicación no han regido nunca para Polanco. En aquella, se definió la televisión como “un servicio público” y a él se le concedió un canal de pago y codificado; se dio un plazo máximo de tres meses tras la concesión para empezar a emitir y Polanco tardó seis meses más para salir en mejores condiciones, pero no le se privó de la concesión. O sea, que según la propia Ley de TV, Canal+ nunca debió existir; y de hacerlo, se le tendría que haber quitado la licencia por no emitir en el tiempo límite de la concesión. Pues esos incumplimientos de la ley es el modelo aún vigente: Polanco está fuera de la ley y a esa ley única y nunca promulgada se atienen todos los gobiernos. A cambio, los personajes más significados en la defensa de sus intereses particulares pasan del Gobierno a su nómina apenas dejan –es un decir– el cargo: Semprún, Satrústegui, Miguel Gil...
En lo único que Polanco ha resultado casi vulgar es en incumplir también el capítulo del accionariado. Ni seis meses duró el equilibrio de las parcelitas políticas en el accionariado de las tres cadenas: o hacía falta más dinero (A3TV) o los socios se creían engañados (Ruipérez en Tele5) o porque daban el pelotazo y se largaban. El hecho es que la legislación no se ha cumplido nunca en lo que a televisión se refiere. Por eso siempre ha sido poco importante quién tenía el 25% o más tarde el 49%. El poder real lo ha tenido el que tiene el poder ejecutivo y de programación, que era el último que había puesto dinero. Lo demás, son apaños por debajo de la mesa del consejo de administración que nunca suelen pasar al balance societario. Ni a la prensa.
Que el propietario tenga derecho al 100% de la propiedad es de sentido común. Pero lo importante no es eso y nunca lo ha sido en un mercado distorsionado por la plétora monstruosa de televisiones públicas archideficitarias que compiten de forma desleal gracias a la doble financiación con las pocas cadenas privadas legales, más las alegales e ilegales. La primera cadena nacional absolutamente ilegal es Localia, hecha con una programación en cadena de más del 80%, cuando lo máximo que autoriza la ley a las televisiones locales es el 25%. Libertad Digital ha mostrado con pelos y señales que Polanco incumple todos los requisitos legales para poder emitir... pero emite. Y el máximo responsable de que no lo haga, Piqué, ha llegado a proclamar en público recientemente que el Gobierno no permitirá que las televisiones locales vulneren la ley. Los periodistas presentes de PRISA, Canal+, la SER y Localia se mondaban de risa. Hace un año que el Supremo instó al Gobierno a que obligara a Polanco a deshacerse de las setenta emisoras de Antena 3 Radio que compró y cerró ilegalmente. Pues ahí están, como antes del Supremo. ¿De qué leyes y recontraleyes hablan, si aquí no hay más ley que la del embudo?
Como ésta es sólo la primera de las arterías legales para acomodar a Polanco en el disfrute omnímodo del mapa audiovisual español de los próximos diez o quince años, lo único que nos interesaría saber es qué incompatibilidades se han previsto para que el dueño del 100% o de la parte que sea en una cadena no sea a la vez propietario de otra u otras en el mismo sector. Y qué entiende el Gobierno por sector. Por ejemplo, Localia está en teoría dentro de las televisiones locales y en la práctica es una cadena nacional. ¿Puede Polanco ser el dueño de Canal+, que emite en abierto o en diferido según le conviene, de Localia, de Sogecable y de Antena 3 o Tele5? Porque puede decirse que cada una de ellas no es exactamente igual que las otras: satélite o terrestre, abierta o de pago, local o nacional... Pero en la práctica va a ser más del 80% de la oferta de televisión privada. Añadámosle el imperio editorial, las muchas publicaciones de papel, las cuatrocientas emisoras de radio, la producción casi exclusiva del cine nacional y buena parte de la discográfica... imposible competir desde la empresa privada y desde la legalidad. Desde la ilegalidad y la ilegitimidad que supone el escandaloso derroche de dinero público en RTVE y la FORTA autonómica, sí. Es perfectamente posible y hasta aconsejable la coexistencia pacífica entre la Ley del Embudo y la Ley de Murphy.
Puesto que la capacidad financiera en cualquier medio audiovisual va a estar mediatizada decisivamente por la Platajunta polanquista y la competencia desleal de las televisiones públicas, lo único que debería aclarar el Gobierno es si piensa asegurar que en la Sogecable futura haya alguna ventana real para los medios y sectores de opinión ajenos al imperio de Polanco y si su omnipotencia va a tener algún límite legal y formal por sectores de comunicación. Lo sabremos a finales de este año. Salvo voluntario abandono del ejercicio de discurrir, la experiencia nos hace absolutamente pesimistas. Ni creemos que le pongan límites ni creemos que los pocos que le pongan se los hagan respetar. Y es que, aun sin abandonar la tradición de jugar a la Lotería de Navidad, otras dos tradiciones recientes se yerguen por esas mismas fechas: el 13 de diciembre es el día de las condiciones para la entrega de todo el poder audiovisual español a Polanco. Mal número, el 13. Y el 28 es el día de los Santos Inocentes, y de los visomártires Rumasa y Banesto. De estos últimos, ya no se acuerda nadie.
Del sacrificio de los inocentes quedan composiciones renacentistas o barrocas bastante alejadas de los gustos estéticos contemporáneos. Pero es peor el olvido ético que el estético: deslumbrados por los frescos apabullantes se olvida que los inocentes, aunque lo eran o precisamente por serlo, acabaron todos degollados. Terrible metáfora para los empresarios de comunicación y para los telespectadores, contribuyentes todos, sobre cuyos restos se alzará el monopolio privado de todo lo que no sea público. Que resucite Valdés Leal y que lo pinte. A nadie se le han dado mejor las postrimerías.
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