Mantequilla, snacks, patatas chips, platos precocinados, carnes preparadas en origen, alimentos elaborados con aceites, productos de granja envasados... Sólo ha escapado a este impuesto la leche líquida, merced a una inteligente presión del lobby lechero en el último momento.
El objetivo teórico de este impuesto es reducir las tasas de obesidad y de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la dieta.
Como es lógico, la medida ha provocado controversia entre los partidarios de que el Estado-niñera intervenga en los hábitos alimenticios de los ciudadanos, para que no se hagan pupa, y quienes creen (creemos) que este tipo de impuestos no solamente tiene una única función recaudatoria (depredatoria, diría yo), sino que impide el correcto acercamiento a los asuntos más graves de salud pública.
Veamos. La medida no es más que la última de una serie de propuestas encaminadas a modificar el sistema impositivo danés que arrancó en 2009. Las autoridades decidieron adelantarse a los efectos de la crisis global llenado las arcas con nuevos impuestos indirectos y, de paso, se empeñaron en conseguir que sus ciudadanos sean más limpios, sanos y guapos. Se empezó con el gravamen a los productos contaminantes, las energías no renovables y las emisiones de CO2 y se ha continuado con impuestos a productos supuestamente dañinos para la salud. Es curioso que este afán regulador tenga lugar en uno de los países que, en teoría, menos necesita mejorar en tales ámbitos. Sus tasas de emisión de CO2 están entre las más bajas de Europa, el grado de conciención ecológica de la ciudadanía es elevadísimo y el estado sanitario del danés medio es excelente.
Cuando un Gobierno trata de encarecer una práctica o conducta lo hace porque está realmente preocupado por el bienestar de la comunidad o porque quiere hacer caja de la manera más rápida posible.
¿Tiene motivos el Estado danés para preocuparse por la saludo de los suyos? Realmente, no. Los niveles de obesidad en Dinamarca están muy por debajo de la media europea. El 15 por 100 de los habitantes de la UE son obesos; Dinamarca supera por poco el 13 por 100. Es un dato envidiable visto desde España, donde, según algunos datos, la obesidad supera el 25 por 100 (la infantil puede llegar al 30 por 100).
Sólo 1 de cada 5 daneses fuma, la mayoría de los jóvenes viaja en bicicleta. Y los no tan jóvenes: el 63 por 100 de los parlamentarios acude al Parlamento en este vehículo. Por si fuera poco, la esperanza de vida al nacer está muy cerca de alcanzar al páis que exhibe el mejor registro, Japón.
¿Para qué necesitan los daneses que papá Estado les regule la dieta a base de mordiscos en los bolsillos? Aparentemente, para nada.
Pero es que, además, si realmente existiera una pura preocupación sanitaria, muchos expertos consideran que la vía impositiva no sería la mejor herramienta. El aumento en el precio de los productos va a ser ridículo. Apenas unos céntimos de euro por una hamburguesa o una bolsa de patatas. En una sociedad adinerada como la danesa, donde el gap entre pobres y ricos es muy pequeño, una medida de estas características ni siquiera cumplirá la teórica función de limitar el consumo de grasas saturadas entre las clases menos favorecidas (donde se detecta tradicionalmente la mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la mala dieta). Tampoco se consigue estimular la producción de alimentos saludables desde la industria. Los daneses pueden soportar fácilmente el aumento del coste y seguirán comiendo bolsas de chips cuando quieran.
El Estado, generalmente, es una niñera torpe. Una nanny rezongona y complaciente que, de cuando en cuando, agarra un arrebato de celos e impone disciplina a granel. Pero cuidar, lo que se dice cuidar, eso es otra cosa.