(...) La continuidad del actual Gobierno navarro supondría reafirmar que la cooperación con el País Vasco requiere como cuestión previa el cese de toda actuación del Gobierno vasco que considere Navarra un territorio irredento de Euskadi. Tanto el Gobierno vasco como las principales fuerzas políticas de la Comunidad suelen afirmar que las instituciones vascas respetarán la libre decisión de los navarros, como si la cuestión de la integración o no en Euskadi o Euskal Herria fuera una asignatura pendiente. Pero no han hecho ninguna declaración en la que reconozcan que no hay ninguna nación vasca mutilada o partida por la ausencia de Navarra. Tampoco han cesado de considerar Navarra como un territorio más de Euskal Herria.
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Por este motivo, las llamadas que desde el País Vasco se realizan a la cooperación con Navarra son recibidas con desconfianza, pues no vienen precedidas del reconocimiento sin reserva alguna de que la Comunidad Foral no forma parte del "Pueblo Vasco" ni pertenece a esa nación virtual a la que llaman Euskal Herria. De ahí el rechazo de las principales fuerzas políticas a cualquier reedición del Órgano Permanente, que en su día fue saludado con alborozo por los nacionalistas como una fórmula precursora de la integración. Incluyo en el rechazo al Partido Socialista de Navarra, cuyos dirigentes hasta ahora se han pronunciado radicalmente en contra de esta fórmula falsamente cooperativa y abogado por mantener con el País Vasco un nivel de cooperación semejante al que se practica con éxito con otras comunidades vecinas, como La Rioja y Aragón.
Pero todo esto puede cambiar si una coalición contra natura de socialistas y nacionalistas consigue "echar" del Gobierno a UPN, que es el único objetivo que parece guiarles. En las filas nacionalistas, que con sus solos votos no podrían en ningún caso formar Gobierno, reina el optimismo. Mientras en el País Vasco la coalición PNV-EA ha saltado hecha pedazos y Aralar discurre por su cuenta, en Navarra todos –salvo Batasuna– se han unido bajo la denominación de Nafarroa Bai, con cuya representante en el Congreso el presidente Rodríguez Zapatero (...) mantiene un idilio político permanente. Batasuna, por su parte, ha asegurado que estará presente en las elecciones forales de una u otra forma y acaricia la posibilidad de ser la clave en el anhelado cambio político, que tendría efectos devastadores para Navarra.
También el presidente Rodríguez Zapatero tiene puestas sus esperanzas en la formación de ese nuevo Gobierno. Un socialista sumiso a las directrices de La Moncloa en el Palacio de Navarra es una pieza imprescindible para avanzar en el proceso. Por eso, no le importa abrir el Gobierno de Navarra a los nacionalistas para compartirlo con ellos. Si lo ha hecho en Cataluña, al promover el pacto del Tinell con los independentistas de ERC, ¿por qué no lo va a hacer en Navarra? Es cierto que para producir la integración plena de Navarra en Euskadi sería preciso que el Partido Socialista diera un nuevo giro copernicano, traicionando la buena fe de la inmensa mayoría de sus electores, que no son partidarios de la anexión. Es verdad que esta hipótesis es más que improbable, pues provocaría una gran sunami no sólo en Navarra, sino en el resto de España. Pero no cabe duda alguna de que el acceso de los nacionalistas al Gobierno foral pondría en sus manos poderosos instrumentos políticos, económicos, educativos y culturales para impulsar la integración.
El secretario general de los socialistas navarros, Carlos Chivite, haciendo un flaco favor a su candidato, Fernando Puras, ha revelado, con una imprudencia inexplicable, por la que se vio obligado a pedir disculpas, que los pactos postelectorales ya están hechos. Y como no ha contado con UPN, la única opción posible es Nafarroa Bai, a la que por cierto las encuestas auguraban –gracias al frente común de los partidos que la componen– un empate a escaños con el PSN. Y digo auguraban porque encuestas posteriores pronostican el hundimiento de los socialistas, que quedarían muy por debajo de NB.
La debilidad de los socialistas en ese futuro Gobierno de nada menos que seis partidos (PSN, Aralar, EA, PNV, Batzarre e Izquierda Unida) sería manifiesta, y el precio político por satisfacer, extraordinario. Nafarroa Bai ya ha adelantado que exigirá la reforma de la ley del vascuence para imponer su obligatoriedad en la enseñanza y en las Administraciones Públicas. La perspectiva de que, en este supuesto, el vicepresidente del Gobierno pudiera ser Pachi Zabaleta, candidato a la presidencia del Gobierno foral por Nafarroa Bai, que fue miembro de la mesa nacional de HB en los tiempos en que el terrorismo golpeaba con mayor furia, no es una elucubración carente de sentido. Bastará con que la eficaz e inteligente alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, no consiga –también por un puñado de votos– revalidar su actual mayoría para que la capital navarra tenga como alcaldesa a la Pasionaria abertzale, Uxue Barcos.
(...) Navarra se encuentra en el mejor momento de su historia desde el punto de vista económico y social. Un Gobierno radicalmente heterogéneo, constituido tan sólo por la obsesión común de desplazar del poder a UPN, donde buena parte de sus miembros no tendrán otro objetivo que conseguir la euskaldunización de la Comunidad para destruir su existencia, no puede conducir a nada bueno. Faltará unidad, estabilidad, coherencia, ideas y objetivos claros. La confianza empresarial se vendrá abajo. Cada cual tirará por su lado y al final los consejeros se erigirán en reyezuelos de taifas.
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Si los socialistas navarros fueran consecuentes con lo que muchos dicen en privado, la solución vendría del entendimiento con UPN y el CDN. Estoy absolutamente convencido de que el partido fuerista estará dispuesto a compartir el Gobierno o a llegar a pactos parlamentarios y presupuestarios. Así se hizo en otras épocas, y el resultado fue excelente para Navarra.
A veces pienso qué sería de Navarra sin la pesadilla nacionalista, que tantas energías agosta. Si hemos llegado hasta donde ahora estamos, a pesar de tanto esfuerzo malgastado y de tantas dificultades como el movimiento radical abertzale opone a todo aquello que contribuya al progreso de nuestra comunidad, no sé dónde estaríamos ahora si toda la potencialidad intelectual, técnica y productiva de Navarra se empeñara en lograr mayores cotas de bienestar y de justicia. [...]
Todos los pueblos se enorgullecen de las gestas heroicas protagonizadas por sus antepasados. El sentimiento patriótico se construye mitificando las glorias y minimizando los fracasos. La historia de Navarra está llena de acciones heroicas. La contemplación del famoso cuadro de Sancho VII el Fuerte rompiendo con su maza las cadenas almohades en la batalla de las Navas de Tolosa contribuye a forjar el orgullo navarro. Lo malo es que otras muchas de nuestras gestas tuvieron lugar en el curso de guerras fratricidas que dejaron en nosotros honda huella. Yo estaba convencido de que a raíz de la Constitución y del Amejoramiento el enfrentamiento civil habría dejado de ser el triste sino de Navarra.
En los años de la transición a la democracia, cuando los españoles, aprendiendo de los errores del pasado, llegamos a la conclusión de que la única gesta que vale la pena protagonizar es la de la libertad, la concordia y la reconciliación, bajo cuyas premisas redactamos la Constitución de 1978, no contábamos con que un grupo de españoles recalcitrantes, partidarios de la vuelta a las cavernas, inspirados en lo peor del fascismo, del nazismo y del totalitarismo marxista, iban a amargarnos la existencia.
Durante algún tiempo gozaron de la aureola que les proporcionaba haber luchado contra la dictadura, hasta que por fin la sociedad española llegó a la convicción de que no eran otra cosa que vulgares criminales, asesinos sanguinarios, liberticidas sin compasión. Se tardó demasiado en plantar la cara al terror, pero se hizo, y el resultado estaba bien a la vista. ETA se hallaba en situación terminal a comienzos de 2004.
En tan sólo tres años las cosas han cambiado de tal forma que hoy, a quienes seguimos defendiendo que ante el terrorismo no cabe otra opción que la aplicación firme de la ley, los sedicentes progresistas nos presentan como enemigos de la paz. Amamos la paz, sí, pero no estamos dispuestos a rendirnos ante los terroristas. Porque además éstos no tienen razón. De tanto hablar de proceso de paz, de pacificación y de normalización política de Euskadi, acabaremos por creer que, en efecto, el conflicto vasco existe. Y esto es radicalmente falso.
Lo repetiré una y otra vez. España es una democracia. No hay en su seno ninguna nación oprimida. Los vascos no están sometidos a discriminación alguna por razones raciales o lingüísticas en ninguna parte del Estado español. Los vascos tienen derecho a acceder a cualquier cargo público estatal del mismo modo que cualquier otro español. Hay vascos desempeñando cargos de responsabilidad en todas las instituciones y organismos constitucionales de la nación española, así como en la milicia y en la diplomacia. Y eso ha sido siempre así. Los ciudadanos de Euskadi eligen diputados y senadores para que los representen en las Cortes Generales y gozan de los mismos derechos y prerrogativas que el resto de los parlamentarios. Es casi estúpido tener que hacer este recordatorio, pero resulta imprescindible ante el grado de estulticia que demuestran algunos cuando abordan la cuestión de la violencia generada por el nacionalismo vasco revolucionario.
Por otra parte, resulta que Euskadi es una comunidad autónoma del Estado español en virtud de la libre decisión de los ciudadanos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El Estatuto, por vez primera en la historia, reconoce la existencia de un pueblo vasco como sujeto político dotado del derecho a la autonomía. En virtud de la decisión estatuyente del pueblo vasco o Euskal Herria, la comunidad autónoma se denomina Euskadi y tiene como bandera la bicrucífera –ikurriña– inventada por Sabino Arana.
El autogobierno vasco es un ejemplo de descentralización del poder político (...) El País Vasco contribuye a las cargas generales del Estado, es decir, a las competencias no asumidas por la comunidad vasca, en virtud de un procedimiento de aportación singular o cupo contributivo, cuya determinación se realiza de manera paccionada. En virtud del Estatuto, las antiguas instituciones forales –Juntas Generales y Diputaciones Forales– fueron restablecidas. Por si fuera poco, el Gobierno vasco es titular de sus propios medios públicos de comunicación –radio y televisión–, y la competencia plena en materia de educación y cultura le permite dirigir y controlar el sistema de enseñanza en todos los niveles. Además, dispone de una Policía Autónoma con cerca de diez mil agentes que ejerce la función de una policía integral, quedando reducida la intervención de los cuerpos de seguridad estatales a un papel residual salvo en la lucha contra el terrorismo, tarea que comparten con la Ertzantza.
Por último, si Navarra no forma parte de Euskadi es porque el pueblo navarro no lo ha querido así, y no porque la Constitución lo prohíba. Por el contrario, hay en ella una disposición específica que permite a Navarra integrarse en la Comunidad Vasca siempre que tal sea la voluntad de su pueblo. A su vez, Navarra disfruta de un régimen histórico de autogobierno, fruto de la voluntad de sus instituciones. Régimen que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, que, elección tras elección, depositan su confianza en los partidos políticos partidarios de mantener su actual estatus político-jurídico, basado en los pactos históricos de integración del antiguo Reino navarro en el Estado español.
Pues bien, ante esta situación de normalidad política y de autogobierno democrático ¿dónde está el famoso conflicto vasco? No nos engañemos. El terrorismo existe porque hay un grupo de vascos que sueñan con constituir a sangre y fuego un país independiente integrado por siete territorios que, según ellos, desde que nuestros primeros padres fueron expulsados del Paraíso ya tenían conciencia de pertenecer a un pueblo libre y diferente del resto de los pueblos del planeta.
En una democracia todas las ideas políticas merecen respeto, siempre que se expresen de forma democrática y no lleven en sí mismas el germen del totalitarismo aniquilador de la libertad de los ciudadanos. El régimen constitucional español se fundamenta, es verdad, en la unidad de España. Ningún territorio integrado en el Estado español tiene derecho a separarse de España. Cualquier español está legitimado para propugnar la modificación de cualquier aspecto de la Constitución. Por lo tanto, un partido político que defienda la independencia de Euskadi tiene plena legitimidad para hacerlo, siempre que respete las reglas de juego, no aliente la secesión violenta y acepte que el titular de la soberanía nacional es el pueblo español en su conjunto, por lo que sólo él puede acordar la modificación del actual marco constitucional.
El terrorismo de ETA es intrínsecamente perverso, y su actuación coloca a sus militantes fuera de la ley. Sus asesinatos, secuestros y extorsiones son auténticos crímenes contra la humanidad, y sus responsables deben responder ante la Justicia. Batasuna es una organización ilegal porque forma parte del entramado de ETA y se niega a condenar la violencia como método de acción política. El presidente Rodríguez Zapatero debiera saber todo esto. Sin embargo, imbuido de un cierto fatalismo o convencido de la imposibilidad de acabar con el terrorismo por métodos coercitivos, ha llegado a la conclusión de que no queda otro remedio que entenderse con los terroristas mediante la concertación política. Es ésta una claudicación sin precedentes. Lo único a lo que no parece dispuesto es a exigir a los terroristas que renuncien a la violencia sin ninguna condición y a combatirles sin descanso con todas las armas legales a su alcance mientras no lo hagan. Es un verdadero escándalo que la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias que apoyan al presidente hayan aceptado pagar precio político a los terroristas, pues no otra cosa supone su propuesta de negociar un nuevo estatus político para el País Vasco que conduzca a la "refundación de la convivencia en Euzkadi".
(...) ETA aspira a conseguir la independencia y exige, como cuestión previa, el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Pero sólo una reforma de la Constitución podría amparar la autodeterminación. ¿Está el presidente dispuesto a proponer al pueblo español una reforma constitucional que permita la independencia del País Vasco?
La otra exigencia es Navarra. Los terroristas sostienen por activa y por pasiva que sin Navarra no hay acuerdo posible. Pretenden que ese nuevo estatus parta de la consideración de que Navarra forma parte de Euskal Herria, aunque renuncien a la inmediata configuración de un marco político único mientras los ciudadanos navarros no lo deseen, conformándose con la creación de un órgano confederal o de naturaleza similar como fórmula transitoria o de síntesis. ¿Está dispuesto el presidente a dar semejante paso claramente inconstitucional?
[...] Navarra es la gran obsesión de ETA. Ceder en ello sería pagar el precio de la traición. Por eso, Rodríguez Zapatero haría bien en escuchar nuestras razones (...) La gran mayoría de los navarros somos constitucionalistas, queremos seguir siendo navarros y desde nuestra condición española formar parte del concierto europeo (...) Queremos que el antiguo Reino, con sus luces y sus sombras, brille con luz propia en la España de la libertad, de la concordia y de la paz.