En un dictamen muy reciente el Consejo de Estado ha considerado “perturbador” el uso que el gobierno hace de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Los consejeros de Estado son personas prudentes, y generalmente provectas, que dicen las cosas con la moderación que los temas delicados exigen. Pero quienes tenemos mayor libertad para opinar sobre estas cuestiones debemos decir, abiertamente, que el Consejo de Estado no sólo tiene toda la razón, sino, también, que se ha quedado muy corto en sus críticas.
Tengo en mi mesa de trabajo La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 27 de diciembre de 2001; es decir, en lenguaje más simple, la anterior Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Se trata de un texto que, en la edición que yo manejo, tiene nada menos que 117 páginas de letra muy pequeña, a doble columna, que, con el tipo de letra que suele utilizarse en los libros, daría origen a un volumen de considerables dimensiones. Si pensamos que la Ley de Presupuestos de 2002 tenía 65 páginas (anexos incluidos) puede apreciarse lo que significa este curioso “acompañamiento”. Pero si algún lector interesado tuviera el valor de enfrentarse a tan amplio texto legal, quedaría aún más perplejo por su contenido. En vano tratará de encontrar un mínimo de sistemática y coherencia en su articulado. En él todo aparece mezclado y confuso. Si alguna vez pensó que una de las principales obligaciones del legislador es presentar con claridad al ciudadano las normas que debe cumplir, abandonará pronto toda esperanza.
No me resisto a enumerar los temas que la Ley de Acompañamiento del pasado año abordaba. Respire con fuerza el lector y fíjese en lo siguiente: “carreteras-euro-funcionarios públicos-impuesto general indirecto canario-impuesto sobre la renta de las personas físicas- impuesto sobre la renta de no residentes-medicamentos-radiotelevisión española- seguridad social-telecomunicaciones-terrorismo-hidrocarburos-guardia civil-patrimonio histórico-artístico-corporaciones locales-transportes-puertos-electricidad-servicios postales-contrato administrativo-seguros privados-cooperativas-registro de la propiedad-tráfico y seguridad vial-viviendas-residuos-competencia desleal-aeropuertos”. Y ahora que intente buscar el precepto que puede interesarle. ¡Mucho ánimo!
Mucho me temo que la ley del presente año lleva el mismo camino. Es comprensible que para un gobierno esta solución del cajón de sastre sea cómoda. Pero cabe preguntarse dónde quedan los principios que deberían regir el comportamiento del poder legislativo en un país democrático.
El gobierno puede estar, sin embargo, tranquilo en un punto. No habrá grandes críticas de la oposición a esta forma de legislar. En primer lugar, porque fueron los socialistas quienes empezaron a abusar de esta práctica. Y, además, porque estoy seguro de que, si volvieran al poder, no iban a renunciar a ella. El poder ejecutivo está para algo, caramba.
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