El reportaje que el pasado mes de abril publicó Libertad Digital sobre las emisiones de radio en Andalucía debería hacer reflexionar al conjunto de la sociedad española... y no sólo a quienes trabajamos en medios de comunicación. Permítanme que presente los datos en forma resumida. En Andalucía existen hoy 713 emisoras de radio. De ellas 497 (casi el 70%) son públicas; es decir, dependen del político que esté en el poder en cada momento, y solo 216 (aproximadamente el 30%) son privadas. Pero ¡vaya usted a saber por qué! Casi el 57% de ellas –en concreto 122– están en manos del grupo PRISA. Dado que quienes gobiernan en Andalucía y el grupo PRISA tienen algo más que unas simples afinidades ideológicas, resulta –simple y llanamente– que el control que, de una u otra forma, ejerce el Partido Socialista sobre lo que los andaluces pueden escuchar es casi absoluto.
No diré que el hecho me haya sorprendido. Pero debo confesar que nunca creí que la situación fuera tan grave. No basta, sin embargo, con lamentarse por lo que está ocurriendo. Hay que plantearse también por qué ha sucedido y sobre todo, si es posible arbitrar algún mecanismo que permita solucionar un problema tan grave que pone en peligro los principios mismos de la democracia. Porque si los que no están de acuerdo con el gobierno no pueden crear un medio de comunicación con ideas diferentes –y es lo que claramente ocurre en Andalucía– la representación política tiene mucho más de farsa que de realidad.
Pero no son quienes gobiernan hoy en la región los únicos responsables de esta situación. Es cierto que un periodo muy largo en el poder permite crear unas redes clientelares y de intereses económicos que resulta muy difícil romper. Pero el Partido Socialista andaluz mantiene un control férreo de las emisoras de radio porque la ley se lo ha permitido. Es evidente que han abusado de su posición. Pero el origen del problema no está tanto en quienes hacen mal uso de los poderes que la ley les otorga, como en quienes han aprobado y mantenido estas leyes. Decía David Hume que las normas jurídicas deben redactarse pensando en que quienes hacen uso de ellas pueden ser personas muy poco honorables. Y el mundo está lleno de este tipo de personas. Por esta razón, lo que hay que hacer es crear un sistema de frenos y contrapesos que les impida abusar de su posición.
Volvamos al tema de las emisoras de radio. ¿Puede alguno de ustedes explicarme por qué en este triste país es imprescindible tener el favor del gobierno de turno para poder emitir por las ondas información, música o entretenimiento? Se me dirá que lo que ocurre es que el espacio radioeléctrico es limitado y tiene que ser controlado por el poder público. Pero esto es sólo parcialmente cierto. Y, además, existen formas mucho más eficientes y objetivas de asignar el espacio radioeléctrico, introduciendo la posibilidad de utilizar subastas y permitiendo la transmisión de los derechos, como se permite la compra y la venta de cualquier bien económico.
Lo que realmente ocurre es que los políticos nunca han estado dispuestos a renunciar al gran poder que el actual sistema les otorga. Los resultados, sin embargo, están a la vista. Y si no se cambia el modelo, será muy difícil evitar situaciones tan lamentables como la que describen los datos que en Libertad Digital hemos presentado. Las normas jurídicas que amparan el monopolio y limitan la libertad de expresión pueden y deben ser modificadas. No deberíamos esperar más.