La impugnación de las candidaturas de Bildu sigue inspirando toda la desconfianza que este Gobierno se ha ganado a pulso. Si, tal y como contempla la Ley de Partidos, se hubiese impugnado la coalición, sí podríamos albergar alguna de esperanza de expulsar a ETA de los comicios municipales. Pero no se ha hecho.
Ahora la pelota está en el tejado de los tribunales, tal como sucedió con el último partido de ETA, Sortu. Y en este sentido, cabe esperar que pueda repetirse una situación similar a la de ANV en 2007: más de 40 ayuntamientos gobernados por ETA gracias a la generosidad del Gobierno de Zapatero.
Las candidaturas impugnadas serán sometidas al criterio de los jueces del Supremo y cabe temer que, como si de una margarita se tratase, éstos procedan a ilegalizar unas pero no las otras. En tal caso, ETA permanecerá en las instituciones y habrá traspasado la línea roja que algunos establecieron; para otros, en cambio, esa línea se traspasa todos los días cuando el Gobierno no aplica la Ley para forzar la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.
Pero sin necesidad de esperar a la resolución judicial, produce verdadero estupor escuchar las declaraciones de algunos socialistas como las del presidente del Gobierno vasco. Por sus palabras, Patxi López parece estar más molesto que satisfecho por la ilegalización del brazo político de una banda de asesinos.
Sea como fuere, queda poco tiempo para que ETA y el Gobierno den nuevos pasos en ese camino difícil, largo y duro que ambos nos han pronosticado y que no es otra cosa que la dosificación de las cesiones del Ejecutivo ante la banda terrorista.
Esperaremos ese momento, aunque sin demasiadas esperanzas, pues este Gobierno nos las ha hurtado para beneficiar a ETA y a sus cómplices. Esperaremos, sí, pero no con los brazos cruzados: seguiremos trabajando para mantener una rebelión cívica que funcionó la pasada legislatura y que lo seguirá haciendo en ésta... por mucho que el Gobierno y otros partidos pretendan domesticar a la sociedad civil para que no exijamos la memoria, dignidad y justicia plena que merecemos los españoles.