El ministro Zoido ha dicho en el Congreso que pretende crear un Centro Nacional de Desaparecidos: esperemos que no sea un fiasco como los numerosos observatorios de la violencia de género. Hay que decir que es una medida que provoca esperanza, algo que alguien como yo viene propiciando desde hace dos décadas.
Eso supone que tendremos cifras contrastadas de búsquedas e iniciativas constantes de nuevas indagaciones para dar con los que nunca regresaron, porque al fin se ha comprendido que las cosas no pueden seguir como están: que cada vez una cuota mayor de población sufra el desasosiego de una pérdida. Ha habido familias que han tenido que organizarse para buscar por sí mismas a sus desaparecidos, como si se tratara de una lotería negra.
A los políticos se les suele ir la fuerza por la boca. Hay desafortunados ejemplos como el del Defensor del Menor, que un día lo inventó Gallardón, y luego fuese y no hubo nada. Nadie ha reparado en su ausencia, y debe de ser porque no se le echa de menos.
El tema de los desaparecidos es una herida abierta. Numerosas familias españolas añoran a sus seres queridos y la forma de búsqueda no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. De modo que el anuncio de Zoido ha hecho sonar campanas. Dice el ministro del Interior que, entre otras cosas, ese centro servirá para la formación, lo cual es una forma sutil de aceptar que hoy no existe la preparación necesaria; o, dicho de otro modo, que hay formas y protocolos de otros países que deben ser adoptados. Para que surgiera este proyecto ha habido que cambiar toda la cúpula policial.
La última gran desaparecida, aunque no la única, ha sido Diana Quer, cuyo proceso ha pasado por las tres estaciones: estupor, agitación y olvido. Parece que ya estamos en la tercera fase, donde los grandes medios de comunicación solapan a Diana con casos de más mordiente.
El plan de Zoido hace concebir esperanzas y se nota que antes era juez, un jurista inquieto e innovador, que quiere disminuir la incertidumbre. A mí me gustan los políticos que vienen del Derecho: son gente de ley. El juez ve con normalidad la colaboración de la sociedad civil, incluso puede pedir sus peritajes: criminólogos, antropólogos, forenses, médicos, detectives, intérpretes de lenguaje no verbal, técnicos y teóricos.
En la actualidad no se recuerda ningún caso en los últimos veinte años de recuperación o hallazgo de ni uno siquiera de los desaparecidos inquietantes. Por eso era tan urgente esta iniciativa que impulsa, coordina y fomenta. Si encima se colabora con grandes expertos de la sociedad civil, es muy posible que los resultados sean exitosos. Entender que los desaparecidos no son todos iguales, que las distintas categorías deben ser agrupadas, que la búsqueda es un conjunto de investigación y constancia, es un reto que llega por la vía de la experiencia y la reflexión. También, descubrir que no todo el mundo es adecuado para la búsqueda de los desaparecidos.
En mi novela La policía no es tonta, a la que a veces, en un arrebato de pasión, quiero cambiarle el nombre, se dice claramente que todo el mundo debería vivir dos vidas: una de rico y otra de pobre. Eso solucionaría muchos problemas: todo el mundo se volvería más comprensivo si supiera que habría de vivir una segunda vida de pobre. Es como ahora, donde la posibilidad real de enfrentar con ciencia la búsqueda se convierte en un momento dulce. Por fin la vela arde por los dos lados.