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Francisco Pérez Abellán

El pueblo del Oeste

Una vez más, se descubre que en el ordenamiento jurídico español se prima la consideración al delincuente y se penaliza a las víctimas.

Una vez más, se descubre que en el ordenamiento jurídico español se prima la consideración al delincuente y se penaliza a las víctimas.

En Estepa (Sevilla), algunos vecinos han tratado de tomarse la justicia por su mano. Eso de ninguna forma es tolerable, pero aunque no admitimos esa conducta podemos entenderla. En Estepa, como antes en Villaconejos (Madrid), todo el pueblo estaba atemorizado por una familia que los torturaba. En Villaconejos, hace ocho años, un grupo de martirizados se liaron la manta a la cabeza y se fueron para la casa donde vivía el que más les maltrataba; perdiendo la razón, incendiaron el caserón con familiares indefensos de aquél dentro.

En Estepa, hace unos días, también ha habido viviendas quemadas, lo que demuestra que los encargados políticos de la seguridad no han aprendido nada en este tiempo. Al menos dos pueblos enteros han quedado abandonados a su suerte, sin intervenciones de prevención del crimen ni leyes adecuadas para combatir la reincidencia.

Al llegar lo inevitable, una vez que las villas han quedado convertidas en pueblos del Oeste americano, los políticos no han asumido su responsabilidad. Como si no fuera con ellos.

Los habitantes de Estepa sufren robos desde hace mucho tiempo, les quitan de sus casas desde cuchillos jamoneros a frigoríficos, desde cafeteras a televisores. Cuando penetraron violentamente en las casas que ocupan los sospechosos, recuperaron un cerro de pertenencias robadas. Con lo que no contaban es que mientras ellos cercaban las viviendas de los miembros del clan, algunos todavía estaban robando en sus hogares.

La indignación de los habitantes de Estepa se parece a la que se ve en la película El juez de la horca. Un pueblo aterrorizado, donde los delincuentes campan por sus respetos; hasta que las víctimas se cansan, hartas de estar hartas. Una vez más, se descubre que en el ordenamiento jurídico español se prima la consideración al delincuente y se penaliza a las víctimas.

En los debates de gobierno nadie se plantea cambiar las tornas ni intervenir. Y es tanta la desidia que al final el pueblo salta. En el enfrentamiento provocado por la falta de una política criminal, aún se marca la diferencia: hasta ahora van detenidos catorce vecinos del pueblo, por solo dos manguis.

La situación ha requerido acciones directas y contundentes. No se permitirá que los sospechosos vuelvan donde solían. Se vigilarán las calles para que no se repitan las concentraciones. Por todos los medios, se tratará de que los disturbios no continúen. Nadie ha pensando en cambiar la ley para impedir que haya quien robe una y mil veces y sea una y mil veces puesto en libertad. Esto es como apagar el fuego con gasolina. Donde no hay orden y justicia, reina el absurdo.

Es absurdo que no se tomen las denuncias como una seria advertencia. Es absurdo que las personas sean condenadas a vivir bajo el miedo y la angustia, a ser humilladas y tiranizadas por los bárbaros.

En el cine, hemos visto al sheriff defendiendo a los detenidos en su cuchitril mientras los exaltados agitan fuera el nudo de la horca. Por supuesto, espero que nadie en España, por muy mal que se pongan las cosas, acabe linchando a nadie. Pero no se puede negar que el cerco con odio a unas viviendas puede acabar en cualquier momento en tragedia.

La solución hasta ahora no garantiza que el mal sea extirpado. Los que no mejoran la seguridad han tenido suerte, puesto que siguen en sus puestos. Pero poco a poco la gente cae en la cuenta de que con su voto puede cambiar la historia.

En España

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