Durante casi un año y medio ha ido creciendo un ambiente de linchamiento colectivo alentado por numerosos medios de comunicación que no respetan la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa. Los cinco jóvenes de La Manada ya han sido declarados culpables en las redes sociales al margen de toda ley y ahora solo queda la esperanza de que la Justicia ponga a todos en su sitio. Personalmente voy a esperar a ver qué dice el tribunal en vez de dictar sentencia.
Desde el punto de vista del periodismo más pegado al suelo y la experiencia de uno que ha pisado mucho barro, sin ningún compromiso con La Manada pero con todo el compromiso con la verdad y las víctimas, según mis informaciones de primera mano lo que ha pasado es que una joven de 18 años se acercó a cinco chicos que habían decidido divertirse sin fronteras en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, el 7 de julio de 2016, en un ambiente de alcohol, falta de sueño y otros excesos. Era ya de madrugada y el grupo comenzó un peregrinaje para buscar un hotel en el que tener un encuentro carnal. Esto empieza por no estar nada claro porque, como diría una respetada doctora, "sería la primera vez en la que vemos a un violador buscando hotel para abusar de su víctima".
Una vez que son rechazados en las hospederías en las que se presentan se meten en un portal aprovechando que lo había abierto una señora. De todo este tráfago la chica dice no ser consciente porque va de la mano de uno de los jóvenes, con el que se besa.
Según el relato del fiscal y las acusaciones, al llegar al portal dos de los jóvenes la agarran por los brazos y la introducen a la fuerza tapándole la boca, cosa que ella misma desmiente ante el tribunal, la obligan a subir un tramo de escaleras, la desnudan y mantienen sexo.
Después de un año de publicar toda clase de fotos de La Manada haciendo el burro y revelar las intimidades, así como detalles de la denunciante que incluyen hasta el propio DNI, si bien no puede apreciarse con claridad, se decide que el juicio se celebre a puerta cerrada con los cristales velados para proteger la intimidad restante. Pese a ese clima de enclaustramiento y privación de la justicia, que debe ser pública, trasciende que la chica en su declaración deja sin base a las acusaciones al negar la mayor de que fuera introducida por la fuerza en el lugar de los hechos con la boca tapada; y, todavía más, dejando claro que en ningún momento dijera el reconocido "no es no" establecido como señal inequívoca. La pregunta fue clara: "¿Les dijo en ese momento que no quería mantener sexo?". "No". Bueno, es justamente donde hasta ahora parecía estar el quid.
Este no es un caso más porque lo han convertido en la madre de todas las batallas contra el abuso sexual, independientemente de que no tenga mimbres para ello. Aquí hay política de grueso calibre con la personación entre las acusaciones del Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad de Navarra, que no se sabe qué hacen excepto enredar y matar moscas a cañonazos, puesto que lo que se indaga es un asunto de delito común para el que basta con el fiscal y la acusación privada. Lo que está al fondo es el interés de los políticos de limpiar las fiestas de San Fermín, en las que tradicionalmente actúan los depredadores sexuales y en las que, ya que hablamos de sexo grupal, puede verse en cualquier TV las imágenes de las muchachas a hombros de los chicos siendo toqueteadas en los pechos y otras zonas en lo que, según los nuevos criterios impuestos por la turba ciega, sería una brutal violación. Aunque hasta el juicio de La Manada solo era una obscena manifestación festiva.
La joven dice al tribunal, según lo que ha trascendido, que no quería tener sexo pero que no se opuso porque "entró en shock". La frase está obviamente sacada del manual del psicólogo y la joven no la ha aprendido en la calle, pero a pesar del tecnicismo esto no explica cómo esperaba que "al tener los ojos cerrados ellos deberían saber que no quería hacerlo".
Lo que se juzga no es el comportamiento, en todo caso deplorable, de cinco mocetones con una chica de 18 años, puesto que, a pesar de que hay que escribir con una pinza en las narices, si hay consentimiento no es delito, sino precisamente si se hizo contra su voluntad. De ser así habría una grave transgresión contra la libertad sexual por lo que se pide a los denunciados veintidós años y diez meses por parte de las acusaciones y hasta veinticinco por el Gobierno de Navarra, mucho más que por un asesinato, porque los intereses políticos lo sacan todo de quicio.