El caso de Ainhoa, de 28 años, e Irene, de 24, las dos madrileñas que hace siete años estafaron 800 euros en un centro comercial con una tarjeta y un DNI robados, ha armado tanto revuelo mediático que ha puesto en evidencia que los políticos no están atentos a las necesidades del ciudadano. Ni a que se haga justicia.
El hecho de obligar a las jóvenes a entrar en prisión después de haber devuelto lo robado, pagado una fuerte multa y hecho efectiva la responsabilidad civil es contrario al espíritu de la Constitución, que dice literalmente: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". Esto no es noticia porque la Carta Magna sufre continuamente agresión sin que se le dé mayor importancia. Se trata de una más de las cien patadas diarias.
Las chicas no tenían antecedentes, no han vuelto a delinquir y siete años después de haber cometido el delito tenían trabajo. Pues bien, aunque el ruido mediático no ha logrado el indulto, lo que invita a ver con escándalo una vez más a quién y por qué indulta el Gobierno, sí se ha logrado que ingresen, según ellas mismas, en una especie de "prisión atenuada" durante tres semanas, lo que podría dar paso al famoso tercer grado, que les permitiría salir para trabajar, aunque una de ellas, Ainhoa, debido a la injusticia, parece que ha acabado perdiendo el empleo. Veáse, pues, el efecto reinsertador de la justicia tardía, que como todo el mundo sabe no es justicia. Item más: a Irene, que tiene un niño de dos años, le ofrecen ponerle una pulsera telemática para que pueda irse a casa a atender a su hijo. La pulsera que han dejado de poner a los maltratadores por su ineficacia quieren colocársela ahora a esta madre tan peligrosa que no basta con un control rutinario.
En un país donde no pasa día sin que se descubra un político chorizo, donde personas condenadas por delitos muy graves cumplen solo una pequeña parte de su pena a pesar de que no devuelven lo robado, a dos ciudadanas mal defendidas, con escasez de medios, jóvenes e inexpertas, se les hace sentir todo el peso de la ley por algo que han tratado de reparar y por lo que han sufrido pena de banquillo durante siete años. Finalmente se les obliga a interrumpir sus vidas por el paripé de la reinserción, a pesar de que no hay duda de que ya están reinsertadas.
Las chicas fueron mal defendidas por un precario servicio de justicia para necesitados, el de los abogados de oficio, que lleva tiempo amenazado por la mala política y bajo mínimos, obligadas hasta a presentar ellas mismas la solicitud de indulto, a la que permanece impasible la pomposa División de Derechos de Gracia, que no tiene ninguna gracia. Ahora, y solo porque se han hecho con los buenos servicios del letrado Juan Miguel López de la Casa, parece que les van a permitir disminuir algo los destrozos de un sistema que incurre en lo contrario de lo que defiende. Si el ministro no está para poner el oído a lo que ocurre en la calle, si no está para corregir los errores de un aparato judicial lleno de ellos, no está cumpliendo con su función.
Lo de Ainhoa e Irene ha sido un espectáculo medieval, de reos paseados con hopa por los magazines frikis de la tele, mientras se vulneran derechos fundamentales. En esta sociedad líquida que Jaime Mayor Oreja decía el otro día que hemos creado, donde no hay principios sólidos y nadie se conmueve ante las tropelías del poder, yo le pido a Dios que la guerra por la Justicia no nos deje indiferentes.