Los sindicatos de la policía acaban de dar una lección excelsa de su utilidad para corregir los fallos y defectos de los políticos que dirigen las fuerzas policiales en pro de una policía segura, respetada y debidamente dotada. Por eso entre, otras cosas, exigen que cuando un agente muera en acto de servicio la bandera de España ondee a media asta. Hace mucho que luchan por una modernización de la policía y por la prevención y seguridad de los agentes.
La española, por su entrega y dedicación, probablemente sea la mejor policía del mundo. Otra cosa son los políticos que la gobiernan. Sus sindicatos acaban de enfrentarse a la cúpula por la mejor protección y dotación de los cuerpos policiales, así como para recuperar el respeto y la autoridad perdidos.
El director general, Ignacio Cosidó, tuvo una prolongada etapa en la que coincidimos varias veces en plató y pude contemplar con admiración la tarea que llevaba a cabo distribuyendo el artículo de criminólogos españoles que trabajan para universidades y entidades europeas y que critican agriamente el mal uso que se hace aquí de la ciencia criminológica. Desde la llegada de Cosidó al poder, su actitud se ha trocado en olvido de la Criminología, tal vez subsumido en burocracias y besamanos oficiales.
Hace solo unos días, un agente de 28 años fue arrastrado a las vías de la estación de Embajadores del metro de Madrid por un individuo multirreincidente que al parecer había probado este jueguecito mortal en un intento anterior. La muerte del héroe, que dio su vida por salvaguardar la paz y la convivencia, es merecedora de la más alta condecoración policial, la medalla al mérito con distintivo rojo, pero en su lado más negativo es también el colmo de una serie de degradaciones en los protocolos policiales, judiciales y sanitarios.
El agresor que arrastró presuntamente a la muerte al policía se cree que no está bien de la cabeza, y hay que preguntarse quién vela por la salud mental en la capital. Recordemos que no hace mucho que un español era el responsable de la salud mental de Nueva York –¿hay algo parecido aquí?–, pero que en Madrid no funciona.
En segundo lugar, el presunto delincuente es un tipo sin papeles que circula con impunidad, dado que no hay una legislación que lo impida, debido a la inoperancia de los políticos del Legislativo que no hacen sus deberes. Tampoco han legislado para acabar con la peligrosa reincidencia: el presunto fue detenido nueve veces antes. Por otro lado, los protocolos policiales deberían estar continuamente revisados y al tanto de que hay un nuevo modus operandi: el de los que quieren arrastrar a las vías a un policía para vengarse no se sabe de qué. Y por último está el asunto peliagudo que también denuncian los avisados y muy activos sindicatos policiales: la cuestión de la autoridad perdida.
Yo fui de joven inmigrante en París. Cuando en el Quartier Latin, pongo por caso, acudían los gendarmes –¡y era tras el estallido revolucionario del Mayo del 68!–, procuraba pasar desapercibido ante cualquier disturbio y mostrarme con disimulo para que no repararan en mí, puesto que estaba en tierra extraña y trabajando con precariedad. El presunto homicida del metro de Madrid no solo no pretendió ocultarse en ningún momento, sino que al parecer increpó a los policías, que cayeron en la trampa. De modo que hubo un nuevo fallo múltiple: los servicios sociales no velaron por la salud mental, los tentáculos de la ley no fueron adecuados a las demandas de la nueva criminalidad y los protocolos de actuación se han quedado obsoletos. Al mismo tiempo, la autoridad de los agentes se encuentra por los suelos por falta de una política que recupere el debido respeto. Como dice el brillante Tomás Cuesta, la derecha española se preocupa de la seguridad cuando está en la oposición pero cuando gobierna se deja ganar por sus complejos.