Los arreglos colectivos sólo pueden organizarse de dos formas: por diseño ("desde arriba") o espontáneamente ("desde abajo"). La ingeniería social pretende elevar al nivel de "ciencia" la primera. La ingeniería social no se puede calificar como comunista, ni siquiera como socialista en el sentido de la planificación, no busca "revolucionar" el statu quo sino simplemente "corregir" los males del mercado o de la democracia. Como no busca la erradicación del capitalismo, la ingeniería social --bajo varios nombres-- se enseña en las mejores universidades de los Estados Unidos. El instrumento ejecutor de la ingeniería social es el presupuesto del Estado.
En el Ecuador, los diarios El Comercio y Hoy de Quito y el 90% de los que hacen opinión pública creen en la ingeniería social. Para ellos el presupuesto no es un mero ejercicio de ingresos y gastos, sino que debería ser un instrumento para disminuir la disparidad en la provisión de bienes y servicios entre las regiones, o reducir la brecha entre ricos y pobres, o fomentar el crecimiento económico, o propiciar la industrialización, o el comercio exterior, o el turismo, etc.
Reflexionemos por un momento lo que eso significa. En teoría, suena como la solución ideal. Damos a los que necesitan, a los que producen, quitamos a los ricos-ociosos, gastamos en obras "sociales" para combatir la ignorancia y la insalubridad, gastamos en la infraestructura necesaria para que prospere la agricultura o la industria. El presupuesto, visto desde la óptica de la ingeniería social, es un complejo arreglo de dádivas y castigos. Por el lado de las dádivas, "alguien" debe decidir cómo se va a repartir el pastel. Quién va a recibir qué es la pregunta. De modo similar, por el lado de las penalidades, quién va a pagar impuestos y cuánto. Mientras haya pastel para repartir, no faltan los comensales. ¿Quiénes se llevan la mayor tajada? ¿Las provincias más débiles? ¿Los pobres? ¿Los exportadores, los agricultores o los industriales, más productivos? ¿Quiénes cargan con el peso del muerto? No se necesita un doctorado en filosofía para responder claramente a estas preguntas.
En la práctica, la ingeniería social da origen a la corrupción, al despilfarro, a la tramitología, a la ineficiencia y a la ineficacia. Pero sus voceros no ven el error en el concepto mismo, sino en los ejecutores. El problema, supuestamente, radica en las élites. Los dirigentes políticos, gremiales, sindicales, no tienen visión de "patria". Luchan egoístamente por llevarse una parte más grande del pastel y pasarle los costos a otros, son evasores empedernidos de impuestos, no piensan en el "bien común". Antes de llegar al poder, se conocen de memoria las recetas de Alberto Acosta. Cuando llegan al poder, se olvidan de Acosta y desempolvan El príncipe de Maquiavelo. Y para los que no quieren participar del "juego", todo cargo es anatema o fugaz. Luego, los mismos editorialistas deploran a voz en cuello que la gente "buena" rehusa participar en política. La otra solución que le hemos dado, la de preasignar los gastos, tampoco va al meollo del problema.
¿Cuál es la alternativa? Que los que hacen opinión analicen el presupuesto de una manera totalmente distinta. No como instrumento de ingeniería social sino, simplemente, como lo que aborrecen hacerlo ahora, como un ejercicio de ingresos y gastos. El gobierno tiene la obligación de ofrecer unos cuantos servicios públicos: orden jurídico, defensa nacional, policía. Tiene también la obligación de financiar (financiar, no ofrecer) educación primaria y salud. Para cumplir estas obligaciones debe recaudar lo necesario. Punto. Todo otro esfuerzo es una pérdida de tiempo.
© AIPE
Franklin López Buenaño es columnista del diario El Telégrafo de Guayaquil.
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