Contra la traición a la democracia

De todas las claudicaciones del Gobierno Zapatero, la más innoble es la que afecta a las víctimas del terrorismo. Todos los movimientos del Ejecutivo socialista, desde la creación del comisariado de Peces Barba hasta la purga sufrida por el fiscal Fungairiño, han ido encaminados a "desactivar" a las víctimas del terrorismo como obstáculos que era preciso eliminar para alcanzar un acuerdo con ETA. En esa estrategia se ha llegado a extremos de bajeza sin precedentes, presentando a las víctimas como residuos de la extrema derecha cerrilmente opuestos a "la paz". Esta estrategia es una grave irresponsabilidad moral, porque atenúa el mal del crimen, y además es una grave irresponsabilidad política, porque priva a la democracia española de uno de sus bastiones más firmes: el tesoro de legitimidad que representan las víctimas del terror.

Las víctimas del terrorismo no son daños colaterales del tráfico rodado, de la inseguridad ciudadana o de las inclemencias meteorológicas. Por supuesto, toda muerte, toda víctima, porta consigo un drama que merece el más hondo respeto moral. Pero es que las víctimas del terrorismo, además, poseen una dimensión política que es de justicia reivindicar: a esa gente la han matado o la han mutilado porque representaba a la nación española. Cuando el terrorista ha apretado el gatillo no ha querido dañar sólo a una persona, sino, sobre todo, a una nación. Por eso es de elemental justicia que la nación, a cambio, defienda con uñas y dientes –con las uñas y los dientes de la ley– la dignidad y la memoria de las víctimas. Ellos han muerto por todos nosotros, y eso incluye también a quienes, fatalmente, compraban en un hipermercado o paseaban junto a un coche que estalló. En consecuencia, la nación está obligada moral y políticamente a que la justicia castigue a los verdugos y resarza a las víctimas. Cualquier otra cosa es, propiamente, una injusticia.

Ningún proyecto de convivencia está libre de enemigos. El proyecto nacional de la democracia española ha tenido y tiene un enemigo principal que es el terrorismo de ETA. Los crímenes etarras han sembrado la muerte y el dolor por toda España a lo largo de muchos años. Ese dolor es un depósito precioso para nuestra democracia: es el tributo que nuestra nación ha tenido que pagar por su libertad. Por eso las víctimas representan un tesoro de legitimidad democrática: su sufrimiento nos ha hecho más libres y más fuertes. Vender ese tesoro, despreciarlo o malbaratarlo es tanto como traicionar, primero, a las propias víctimas, y después, a la sociedad entera.

Fernando Savater escribía hace poco que hemos renunciado a la venganza, y que eso es bueno, pero sólo si no caemos, a cambio, en la vergüenza. No se puede expresar mejor la actual tesitura: hemos renunciado a la venganza porque la ley ha castigado a los criminales, pero es vergonzoso, hasta la indignidad, que ahora se intente retorcer la ley para que los criminales escapen a su pena. Porque eso significa declarar expresamente que los crímenes tenían alguna justificación y que las víctimas no estaban exentas de responsabilidad. Semejante vergüenza manchará a la democracia española de manera irreversible, incluso si a cambio se obtiene una sedicente paz. Porque no será una paz, sino una humillante rendición ante los peores enemigos de la democracia española.