Entre algunos de los conceptos que vician la comprensión de la realidad española y que se vienen arrastrando desde la instauración del Estado autonómico, este de la "deuda histórica", que parecía acallado, ha vuelto a ser noticia a raíz de la reciente reforma de los Estatutos de Autonomía. Al parecer, el pasado lunes el Gobierno y la Junta de Andalucía han saldado dicha "deuda" con el pago de 1.204 millones de euros que el Estado abonará a la comunidad antes de marzo de 2010. Automáticamente otras tantas comunidades, como Aragón, Baleares, Galicia, Murcia, La Rioja y Extremadura han presentado sus respectivas quejas por el trato de favor recibido por la "hermana mayor" Andalucía exigiendo al "padre" Gobierno que desembolse los miles de millones que en justa reciprocidad se les debe.
Aquí, al revés que en la parábola del hijo pródigo, el padre no es el anciano que sufre la vehemencia del hijo aventurero para que le haga entrega de su herencia antes de morir, siendo consolado por el resto de los hijos que no se atreven a semejante atrevimiento, sino que es el mismo padre el que excita las ansias de liquidar el patrimonio con tal de que sus hijos se emancipen de la casa familiar.
Aquí, la casa familiar, España, se dilapida con el concurso competitivo de las comunidades autónomas que no sin razón vetan los privilegios de unas sobre otras.
Pero la cuestión es si podemos aceptar el propio concepto de "deuda histórica". Mediante el mismo se quiere ampliar una cantidad importante de los presupuestos de las comunidades que, se supone, si no alcanzan la media española en infraestructuras y servicios, ello se debe a la secular injusticia del trato recibido a lo largo de la historia –sin saber claramente cuándo comienza la misma– por parte de, digamos, ¿el Gobierno central?, ¿Castilla?, ¿España? El sujeto al que se atribuye la explotación depende de la ideología gobernante en cada territorio, pasando desde el mero "autonomismo" que puede ver en el centralismo el causante de dicha "deuda" hasta el directo secesionismo que la hará recaer sobre España. Ahora bien, este concepto sólo se explica desde el absurdo que viera la diferencia en el desarrollo de los territorios de una nación bajo el prisma de una estructura colonialista. Porque en España nadie sería capaz de señalar dónde está la metrópoli: y si hacia las regiones ricas nos dirigiéramos, como es natural, son ellas precisamente las interesadas en mantener esta política de "descolonización".
La "deuda histórica", en definitiva, es otra de esas ideas presentes en la Constitución española con las que se creyó solucionar el supuesto problema de vertebración de España que, sin embargo, hoy vemos cómo ellas mismas han contribuido a empeorar.