Nuevas acusaciones de corrupción sacuden el Partido de los Trabajadores de la presidenta, Dilma Rousseff, según informaba la semana pasada The Wall Street Journal. Resulta evidente que Brasil necesita reformas desde hace ya mucho tiempo.
El escándalo más reciente, el Rosegate, surge con las acusaciones formales presentadas por la Policía Federal (la versión brasileña del FBI) tras una investigación sobre la implicación de un asesor del antiguo presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una trama de cohechos. La investigación se inició "debido a que un trabajador del Gobierno que dijo que había aceptado en torno a 50.000 dólares por ayudar a que una empresa obtuviese un contrato denunció la trama".
El Índice 2012 de Libertad Económica de la Fundación Heritage informa de que la corrupción suele ser un obstáculo para la inversión en Brasil, y que dificulta las operaciones cotidianas de las empresas, tanto brasileñas como extranjeras.
En 2010, las investigaciones por corrupción tanto de políticos de la oposición como de la coalición de gobierno tuvieron como resultado penas de prisión para dos gobernadores. Desde entonces han salido a la luz algunos escándalos que han alcanzado incluso niveles más altos de la Administración. Entre junio y septiembre de 2011 la presidenta Rousseff perdió a cinco miembros de su Gabinete. Ninguno se enfrenta a cargos penales, pero cuatro dejaron sus cargos tras las acusaciones de corrupción que se presentaron contra ellos.
El mes pasado José Dirceu, que llegó a ser jefe de gabinete con Lula, fue condenado a cerca de 11 años de prisión después de ser acusado de, entre otras cuestiones relacionadas con la corrupción, montar una trama para comprar votos en la Asamblea nacional.
Esperemos que estos juicios sean una señal de que las instituciones judiciales brasileñas están ganado fuerza y madurez, pues tienen el deber de defender el Estado de Derecho ante todos los ciudadanos, no sólo el de proteger a los poderosos, los privilegiados y los que tienen contactos en la alta política.