¿Se ha enterado de la última? ¡Washington se ha convertido en el cajero automático de todo el mundo!
Por lo menos ésa es la impresión que uno tiene al ver la cantidad de dinero que está regalando el Gobierno federal. El más reciente ejemplo fue el préstamo a General Motors (GM) de más de 30.000 millones de dólares. Como contraprestación, el Gobierno controlará aproximadamente el 60% de la empresa. En otras palabras, todo ciudadano americano que paga impuestos, ahora también es dueño de esta empresa automovilística.
¿Le parece estupendo? No si uno cree en la responsabilidad fiscal, en ser justos y en la importancia de reducir la deuda nacional.
Después de varios meses tumultuosos, GM finalmente se declaró en bancarrota abriendo la puerta para empezar a renegociar y reorganizar sus contratos, especialmente los contratos con los poderosos sindicatos de la industria del automóvil. Lamentablemente, lo de GM ha creado un precedente peligroso. Ahora cada vez que una empresa privada esté en algún apuro financiero, ellos sabrán bien que pueden dirigir su mirada al Gobierno para que les ayude.
Ahora bien, es cierto que General Motors no es cualquier empresa. Esta compañía es casi un sinónimo de Detroit, la capital de la industria automovilística de Estados Unidos. Quizá sea por eso que el Gobierno ha tomado la decisión de darle el dinero del contribuyente.
Hace un par de meses, en diciembre del año pasado, GM le pidió dinero prestado al Gobierno federal. A cambio, el Gobierno federal le reclamó un plan de viabilidad y autofinanciación. Desafortunadamente para la empresa, la Casa Blanca rechazó tal plan cuando se le presentó.
Y aunque el Gobierno hizo lo correcto, para ese entonces las líneas que separaban al sector público del sector privado habían empezado ya a difuminarse.
Poco después vimos cómo el presidente Obama despidió al presidente de la General Motors, Rick Wagoner (aunque es muy posible que siga recibiendo millones en bonificaciones) y a medio consejo de administración. De pronto, comenzo a parecer que cada miembro del Congreso era un experto de la industria del automóvil. Salieron a relucir tantos planes de cómo arreglar el desaguisado automovilístico que era casi equivalente al número de congresistas.
Ahí precisamente es donde está el peligro de dejar que los políticos empiecen a administrar a empresas privadas. El espíritu emprendedor de Estados Unidos ha hecho prosperar al país porque el Gobierno no se ha metido en el sector privado. El libre mercado estimula la creatividad y la competitividad. Cuando existe competencia entre empresas, los consumidores salen ganando porque tienen más opciones y las empresas tratan de que compremos sus productos o servicios reduciendo sus precios y mejorando la oferta.
Lamentablemente, en este ambiente económico tan volátil para los negocios, parece que muchas compañías están completamente felices de ceder su autonomía al Gobierno a cambio de dinero. Y como es lógico, los políticos que siempre tienen un hambre insaciable de poder estarán muy felices complaciéndolas. La reciente ayuda del Gobierno federal a ciertas empresas de Wall Street es otro ejemplo de expansión de sus poderes.
Estados Unidos tiene un déficit que crece día a día; sin embargo ya hay varios planes recorriendo los pasillos del Congreso americano para hacer grandes cambios en el sector energético y en la asistencia sanitaria. Alguien debería decirle al Congreso que tener al Gobierno administrando una empresa de automóviles es una mala idea. Con esta medida, se está jugando con el dinero del contribuyente y limitando las libertades del sector privado.
Es una propuesta en la que, a la larga, nadie saldrá ganando.
©2009 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg
Israel Ortega es especialista en Medios de Comunicación y Prensa de la Fundación Heritage y lleva mas de media década trabajando en Washington, D.C. y el Congreso.