Que nadie se llame a engaño. Es muchísimo lo que está en juego en Wisconsin: el estado del Tejón podría convertirse en el crucial campo de batalla entre el progresismo y la nueva mayoría del movimiento Tea Party de Estados Unidos. Se está luchando por asuntos tan importantes como los salarios del sector público, desbordados déficits estatales, el poder de los sindicatos, el federalismo, la educación, los derechos a beneficios federales y muchas cosas más. Que Wisconsin sea el lugar de nacimiento del progresismo americano con un nuevo gobernador conservador, nuevas mayorías conservadoras en ambas cámaras legislativas y un nuevo senador federal conservador, el un nuevo y brillante presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, lo ha convertido en la "zona cero" para la izquierda.
El president Barack Obama ha federalizado este asunto, poniendo tras los sindicatos de funcionarios todo el peso de la Casa Blanca, del Comité Nacional Demócrata y de su propio movimiento Organizing for America, contando además con la ayuda de los sindicatos SEIU y AFSCME. Se trata de una prueba de enorme alcance para el nuevo gobernador, el republicano Scott Walker. Si los conservadores pierden en Wisconsin, todas las otras reformas en otros lugares perderán oxígeno. Si, en cambio, pueden ganar, significará que el progresismo está metido en verdaderos problemas.
Allí en el terreno, en Wisconsin, esto significa que el Distrito Escolar Metropolitano de Madison no educará a ningún niño otro día más. Y otro día más, los sindicalistas de Madison Teachers, Inc., escenificarán otro día de ausencias por enfermedad para protestar por el nuevo presupuesto presentado por el gobernador Scott Walker que superaría la prueba de un déficit presupuestario de $137 millones este año y una proyección de déficit $3.6 mil millones en los próximos dos. Stacy Billings, madre de dos estudiantes de Madison, declaró al Wisconsin State Journal que apoya a los sindicatos y que se opone a la propuesta de Walker pero que está contra la protesta de los maestros durante las horas de clase: "Esto no es aceptable para mí. Mis impuestos pagan a los profesores para enseñar, no para protestar".
Lo que no entiende Billings, pero está a punto de hacerlo, es que al igual que todos los sindicatos gubernamentales, a Madison Teachers, Inc. no le importa educar a los niños. El anterior presidente de la Federación Americana de Profesores, Al Shanker, ya lo dijo muy claramente: "Cuando los alumnos paguen cuotas sindicales, entonces yo empezaré a representar los intereses de los alumnos". De eso en realidad se trata esta batalla de Wisconsin, al igual que en todo el país: dinero. Y no dinero para los funcionarios sino dinero para los sindicatos gubernamentales. Es algo que admiten los mismos sindicatos de funcionarios cada día que la lucha se prolonga.
El viernes, los demócratas del Senado del estado de Wisconsin paralizaron la Cámara cuando salieron huyendo del estado para impedir que hubiese el quórum de tres quintas partes necesario que un debate legislativo continúe. El presupuesto del gobernador Walker ayuda a terminar con el déficit del estado al requerir a los funcionarios que paguen al menos el 12.6% de sus primas de seguro médico y aporten el 5.8% a sus pensiones. Incluso con estos costes moderadamente superiores, los funcionarios del gobierno de Wisconsin todavía disfrutarían de beneficios sociales muchísimo más generosos que los ofrecidos en el sector privado. Pero es que eso, en realidad, es irrelevante. Recuerde, esta pelea no es sobre los sueldos de los funcionarios. Es para preservar el conducto directo que los sindicatos gubernamentales tienen sobre el dinero de nuestros impuestos. ¿No se lo cree? Sólo pregúntele a la presidenta del Consejo de la Asociación de Educación de Wisconsin, Mary Bell: "Esto no es sobre proteger nuestro sueldo y nuestros beneficios sociales. Se trata de proteger nuestro derecho a la negociación colectiva".
El jueves, el presidente Obama dijo a un canal de televisión de Wisconsin: "No he seguido con todo detalle lo que ocurre con el presupuesto de Wisconsin... algo de lo que he oído de Wisconsin, donde simplemente se está dificultando la negociación colectiva para los funcionarios parece más un asalto contra los sindicatos".
El presidente Obama está equivocado: denegar a los sindicatos gubernamentales el poder de la negociación colectiva no es un asalto contra todos los sindicatos. Anteriores presidentes demócratas comprendían este hecho. Nada menos que el símbolo progresista, Franklin Delano Roosevelt, escribió en 1937: "Todos los funcionarios tienen que darse cuenta de que el proceso de negociación colectiva, como se suele entender, no se puede trasladar al servicio público. El empleador es el pueblo en su conjunto que habla por medio de las leyes promulgadas por sus representantes en el Congreso".
Por eso los sindicatos del sector privado están regulados por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, pero a los sindicatos de funcionarios los regulan los estados. Wisconsin es en realidad el sitio donde nació la negociación colectiva para los sindicatos públicos, dándoles tal privilegio en 1959, pero a muchos estados les ha ido, y les sigue yendo, muy bien sin la negociación colectiva. Virginia, por ejemplo, no reconoce el derecho a la negociación colectiva a los sindicatos de funcionarios, pero de acuerdo con el Centro Pew de los Estados, de alguna forma se las ingenia para ser uno de los estados mejor gestionados en el país.
Lo que realmente está en juego en Wisconsin (y mañana en Indiana, Ohio, Nueva Jersey y Pensilvania) es el futuro de la competitividad americana. De acuerdo con la última encuesta Pew, el pueblo americano entiende que los sindicatos hacen más difícil que la nación compita globalmente. Los sindicatos gubernamentales son, llanamente, parásitos para la economía del país. Cuando el presidente Obama llegó al cargo, blindó a los sindicatos de su obligación de ser transparentes al eliminar el requerimiento de presentar informes al Departamento de Trabajo. Como resultado, para los ciudadanos es imposible saber cuánto de sus impuestos va a parar a las arcas de los sindicatos. Pero si asumimos que cada miembro de un sindicato paga anualmente entre 500 y 750 dólares, deducidos involuntaria y directamente de su nómina, eso significa que la industria sindicalista pública de Wisconsin tiene un valor anual de al menos 100 millones de dólares.
Si los funcionarios quieren formar voluntariamente sus asociaciones y cabildear ante el gobierno para conseguir mayor sueldo, mejores beneficios sociales y condiciones laborales, es su derecho constitucional. Pero ellos no tienen el derecho de obligar a todos los funcionarios a afiliarse a su organización y quitarles automáticamente el dinero de su nómina. La propuesta de ley del gobernador Walker arreglaría estos problemas: les permite a los trabajadores públicos el derecho de abandonar el sindicato sin perder sus puestos de trabajo; obliga a los sindicatos a demostrar que cuentan con el respaldo de sus miembros mediante elecciones anuales con voto secreto; e impide a los gobiernos estatal y local recaudar las cuotas sindicales a través de sus sistemas de pago de nóminas. Son este tipo de medidas de sentido común las que incrementarían la libertad del trabajador, devolverían poder al contribuyente y harían a América más competitiva internacionalmente.
¡Siga luchando, gobernador Walker! El pueblo americano no puede darse el lujo de que usted pierda.