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Mike Brownfield

Y ahora le toca decidir a la Corte Suprema de EEUU

Durante estos tres últimos días, los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos han oído una serie de argumentos sobre Obamacare en la que promete ser una de las decisiones más importantes de la historia de la Corte. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, parece más que probable que la ley estrella del presidente Obama está a punto de ser derogada, quizás incluso en su totalidad.

Los demandantes de la ley incluyen a más de la mitad de los estados de la Unión, la Federación Nacional de Empresas Independientes y grupos privados, mientras que la administración Obama está sola en defensa de la ley. Habiendo oído el lunes los argumentos sobre si una ley llamada la ley de antiamparo judicial no permitiría a la Corte considerar si el mandato individual de Obama de adquirir seguro médico obligatorio es inconstitucional, el martes la Corte pasó a examinar el mandato en sí mismo y si el Congreso saltó por encima de la Línea Maginot de la constitucionalidad cuando impuso el mandato a los americanos.

Los magistrados progresistas de la Corte machacaron a los abogados demandando Obamacare, dejando pocas dudas de dónde se sitúan respecto a la ley. Según su punto de vista parece que la Cláusula de Comercio de la Constitución, que otorga al Congreso la autoridad “para regular el comercio con naciones extranjeras y entre los diversos estados y con las tribus indias”, también apodera al Congreso para imponer el mandato individual. Como el gobierno argumentó, puesto que todos van a tener que participar en el mercado de salud en algún momento, el gobierno está justificado para requerir a la gente que compre seguros a día de hoy. El analista de la Fundación Heritage Todd Gaziano explica la falla de este argumento: 

Hay una diferencia entre regular el comercio que ya está teniendo lugar y obligar de forma individual a los americanos a participar en el comercio (en este caso, el mercado de salud) de modo que el Congreso pueda regularlo mejor…

Si el Congreso fuera capaz de regular cosas que la gente de forma eventual tuviera que hacer, entonces virtualmente no habría límites para su poder.

Este es un argumento que influyó en los magistrados conservadores de la Corte y en el magistrado Anthony Kennedy, que a menudo vota con los conservadores pero que es visto como un crucial voto indeciso en este caso. En dos ocasiones distintas, el magistrado Kennedy ha afirmado que la teoría del gobierno “cambiaría de forma fundamental la relación entre el individuo y el Estado”. Lo que manifestó sobre este asunto podría ser una mala señal para Obamacare. 

Si la Corte tuviera que derogar el mandato individual de Obamacare, también tendría que considerar qué hacer con el resto de la ley. ¿Deberían los magistrados derogar sólo el mandato individual? ¿Deberían eliminar el mandato y cualquiera de las secciones relacionadas (que serían difíciles de identificar) o deberían derogar toda la ley? Esta cuestión es lo que se conoce como “nulidad parcial” y fue uno de los focos de atención en el tercer día de los argumentos orales. Y respecto a este asunto la administración Obama tampoco tuvo un buen día.  Los analistas de la Fundación Heritage Todd Gaziano y Hans von Spakovsky explican que:

Los magistrados más progresistas eran claramente hostiles a los argumentos que estaba planteando Paul Clement, en defensa de los demandantes, de que toda la ley debe ser derogada. Sin embargo, otros magistrados, incluidos el magistrado presidente Roberts y el magistrado Kennedy, estaban obviamente preocupados por que el complejo esquema diseñado por el Congreso no funcione, como ha propuesto el Congreso, sin el mandato individual (que es el “corazón” de la ley según se refirieron a este luego el magistrado Scalia y otros) y así puede que necesiten derogar toda la ley si el mandato es inconstitucional.

Un tema quedó a tratar por la Corte: las disposiciones de gasto de Medicaid con Obamacare en cuyo “poder de gasto” confía el Congreso para extender el programa y coaccionar a los estados para que lo acaten. Los que han llevado la ley ante la justicia dicen que la expansión de Medicaid en la práctica “usurpa” el lugar de los órganos de gobierno estatales, socavando de ese modo la soberanía y la autonomía de los estados. Sobre esta cuestión, no está tan claro cómo sentenciará la Corte. Aunque los magistrados progresistas que confirmarían el mandato individual seguramente confirmarían las disposiciones de Medicaid, no está tan clara la posición de los magistrados Roberts, Scalia y Thomas respecto a este asunto. Pero si la Corte decide derogar todo Obamacare, las disposiciones de Medicaid caerán junto a ella y los magistrados no tendrán que decidir sobre este asunto. Se espera para junio una resolución de la Corte sobre todos estos asuntos.

Al plantear su argumento final en defensa de Obamacare, el procurador general Donald Verrilli aludió al preámbulo de la Constitución e hizo un llamamiento a “asegurar las bendiciones de la libertad” para justificar las medidas del Congreso. Paul Clement, argumentando en defensa de los demandantes de Obamacare, respondió elocuentemente a la exhortación de la Constitución por parte de Verrilli:

Déjenme simplemente acabar diciendo que ciertamente aprecio lo que dice el procurador general, que cuando se apoya una normativa, se piensa que esa normativa propaga las bendiciones de la libertad. Pero respetuosamente sugeriría que es una concepción muy graciosa de la libertad esa que obliga a alguien a adquirir una póliza de seguros la quiera o no. Y es una concepción muy extraña del federalismo que diga que simplemente podemos hacer una oferta a los estados que no puedan rechazar y que, mediante el poder de gasto que está basado en la noción de que el Congreso puede hacer más porque es voluntario, podamos obligar a los estados a hacer cualquier cosa que les digamos. Esto es una amenaza directa a nuestro federalismo.

De hecho, las palabras de la Constitución son impresionantes, pero tienen poco significado si el Congreso va a pisotear las mismísimas limitaciones del documento fundacional. Y así espera Estados Unidos a que la Corte decida, dos años después de que un Congreso seriamente dividido aprobara Obamacare y rebasara sus límites constitucionales. Pero sea que ratifique o derogue Obamacare, todo o en parte, la Corte no tiene la última palabra sobre este tema. Esta recae en última instancia sobre el pueblo americano, a través de sus representantes en el Congreso, para que decidan el futuro de la atención médica en Estados Unidos y si el gobierno federal actuará dentro de sus límites constitucionales.

Obamacare debe ser derogada en su totalidad.

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