Seguridad Social

Contra la libertad de información

por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas

Gabriel Calzada

Lo más leído
Lo más comentado

Rubalkaba usa la matanza de Bombay para atacar a Aguirre y bromear sobre sus calcetines
Zapatero acuerda sólo con Montilla avanzar en una nueva financiación autonómica
Aído quiere una ley del aborto "similar a la del resto de países europeos"
Toxo no descarta una huelga general aunque cree que ahora "no sería oportuna"
ANV aprueba una moción de apoyo a un etarra por la ausencia de los ediles del PSE
Técnicos de Hacienda recurrirán el aguinaldo bancario ante el Supremo
El Gobierno podría presentar antes del verano una ley para el aborto libre hasta la semana 14
Pajín vuelve a usar a ETA para atacar a Rajoy y le pide que "recapacite" por Navidad
Fernández Toxo dice que CCOO estará "mucho más en la calle" si es "necesario"
Se concentran para descargar públicamente material protegido frente a la sede del PSOE

Columna publicada el 02-10-2005

El sistema público de seguridad social constituye una de las intervenciones del estado en la vida pública más inmorales, dañinas y con mayor número de efectos siniestros sobre una gran cantidad de actividades y derechos. Desde el sistema piramidal fraudulento de las pensiones hasta la obligación de pagar el servicio de sanidad y pensiones al margen de su utilización voluntaria, pasando por la competencia desleal que representa para las innovadoras compañías privadas de seguros médicos o el desempleo que genera su elevado coste, la seguridad social corrompe todas las actividades que roza y mantiene bajo coacción permanente a todos cuantos vivimos bajo su imperio. Como es bien sabido, toda esta cadena de injusticias y despropósitos se justifica con la memez auto legitimadora de que constituye un “derecho social”.

Resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que, por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica. En concreto, el apartado primero del artículo 88 de la directiva 2001/83/EC dice que “Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos […] que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa”.

Esta proscripción de la información directa al paciente tiene consecuencias que van mucho más allá de la gravísima e intolerable violación de una de las libertades más básicas. Mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. El elevado coste de mantenerse informado en estas circunstancias se traduce en elecciones distintas a las que de otro modo hubieran adoptado los pacientes, un nivel de salud más bajo y, en ocasiones, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, se estima que 65.000 europeos que padecen hipercolesterolemia mueren cada año sin saber que podían haber sido tratados con Estatinas, unos fármacos cuya publicidad suele estar prohibida.

Y lo más triste es que mantener al paciente en un estado de ignorancia es precisamente el objetivo de esta directiva europea. El sistema de seguridad social no puede aguantar el coste financiero que supondría el que los pacientes exijan las más avanzadas terapias existentes y ante esta situación quienes nos gobiernan han decidido que lo mejor es mantener desinformada a la población para así salvar su sistema. La prueba del algodón de que nos encontramos ante el amordazamiento de la industria y el abandono de nuestros enfermos con vistas a maquillar el decrépito estado de un esperpéntico sistema sanitario basado en la financiación universal coactiva y la subvención de la compra de medicinas es que en el tercer apartado del artículo 88 se añade que los estados miembros también pueden prohibir la información sobre medicamentos que no precisan receta pero que sean financiados por los sistemas públicos de salud. Este secuestro de la libertad de expresión es, con toda probabilidad, una de las intervenciones que mayor número de víctimas provoca en Europa. Terminar con la prohibición y con el sistema que la requiere no sólo es vital para recuperar uno de nuestros derechos fundamentales sino para poder cuidar nuestra salud de la amenaza que representa la “seguridad” social.

Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España y presidente de Instituto Juan de Mariana