El sistema público de seguridad social constituye una de las intervenciones del estado en la vida pública más inmorales, dañinas y con mayor número de efectos siniestros sobre una gran cantidad de actividades y derechos. Desde el sistema piramidal fraudulento de las pensiones hasta la obligación de pagar el servicio de sanidad y pensiones al margen de su utilización voluntaria, pasando por la competencia desleal que representa para las innovadoras compañías privadas de seguros médicos o el desempleo que genera su elevado coste, la seguridad social corrompe todas las actividades que roza y mantiene bajo coacción permanente a todos cuantos vivimos bajo su imperio. Como es bien sabido, toda esta cadena de injusticias y despropósitos se justifica con la memez auto legitimadora de que constituye un “derecho social”.
Resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que, por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica. En concreto, el apartado primero del artículo 88 de la directiva 2001/83/EC dice que “Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos […] que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa”.
Esta proscripción de la información directa al paciente tiene consecuencias que van mucho más allá de la gravísima e intolerable violación de una de las libertades más básicas. Mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. El elevado coste de mantenerse informado en estas circunstancias se traduce en elecciones distintas a las que de otro modo hubieran adoptado los pacientes, un nivel de salud más bajo y, en ocasiones, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, se estima que 65.000 europeos que padecen hipercolesterolemia mueren cada año sin saber que podían haber sido tratados con Estatinas, unos fármacos cuya publicidad suele estar prohibida.