El Gobierno ha aprobado la semana pasada la inversión de parte del fondo de reserva de las pensiones en bolsa. La medida forma parte de un plan más amplio para retrasar el colapso financiero de las pensiones públicas; en ese contexto debería evaluarse la medida. El sistema de reparto de las pensiones españolas funciona en base a un fraude piramidal como el de las estampitas de Afinsa y Fórum y tiene sus días contados.
Ante esta situación caben dos tipos de políticas. Por un lado podemos taparnos la nariz, decir que todo va de maravilla y tratar de alargar la agonía del sistema social de pensiones. En este caso las medidas concretas consisten en ampliar el periodo de cálculo de las pensiones hasta llegar a toda la vida laboral, elevar el número mínimo de años que hay que cotizar para acceder a la pensión, retrasar la edad de jubilación y poner el fondo de reserva a generar algún tipo de renta. Esto es lo que pretende hacer el Gobierno socialista y lo que proponen quienes no tienen las agallas suficientes como para decirles a los ciudadanos que les han estado estafando durante años, es decir, todos los políticos. La idea sería retrasar temporalmente las consecuencias del fraude con un nuevo timo. En los países donde se ha seguido esta senda sólo se ha conseguido alejar unos años la fecha de la quiebra. Eso sí, a base de una reducción media en torno al 24% de la promesa de remuneración.
Por el otro lado existe la opción de pasar a un sistema de capitalización individual. Se trata de abandonar el sistema piramidal de reparto y adentrarnos en un sistema en el que una parte de las rentas del trabajo de cada uno se ahorran e invierten a largo plazo para generar un fondo del que poder tirar cuando uno no pueda o no quiera seguir trabajando. Este modelo es sostenible, no precisa aumentar obligatoriamente la edad de trabajo, ayuda al crecimiento económico general y es éticamente sólido. Y usted se preguntará, con toda la buena fe del mundo: "Si el sistema de capitalización es tan bueno, ¿por qué demonios no se lleva a cabo?" La respuesta es bien sencilla. La propaganda estatal lleva décadas bombardeándonos para hacernos creer que el timo obligatorio en el que nos han metido los políticos es un maravilloso avance social y un paradigma de solidaridad. El mensaje ha calado de tal forma en la sociedad que ahora el político que se desmarque de la mentira oficial tendría que asumir un gran coste en términos electorales.
Sin embargo, no hay que descartar que algún día surja un político honesto que arriesgue su carrera política por decir la verdad. En 1992 algunos políticos australianos decidieron contar lo que realmente pasaba y proponer un cambio de modelo. En la actualidad más del 90% de los australianos disfrutan de la capitalización de un mínimo del 9% de su salario. En apenas 15 años la mejoría es tan evidente que las prestaciones de las pensiones públicas subsidiarias parecen de chiste.
Otra posibilidad de cambio es que la sociedad civil vaya dándose cuenta de la engañifa y los políticos no tengan más remedio que cambiar de discurso. Si la gente supiera que cerca del 30% de su sueldo va destinado a pagar una pensión de miseria hay posibilidades de que, ante un parche como el que ahora anuncia el Gobierno, se produjera una rebelión pacífica que pusiera fin a la demagogia política sobre las pensiones. De ese modo lo que saldría a bolsa serían nuestros ahorros y no las sobras del reparto político de nuestros salarios.
