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Columna publicada el 15-08-2005
Si abril de este año fue el mes en el que los ministros de transporte de la Unión Europea atentaron gravemente contra el mercado único al aprobar la introducción de tasas al tránsito de camiones por los países de la Unión, julio ha sido el mes de la defunción del único valor positivo que le queda a la Europa unida: su supuesto mercado interior libre. Agreguen la paralización de la directiva que pretendía liberalizar el mercado de los servicios y la transmutación del pacto de estabilidad en sólido acuerdo político para endeudarnos y robarnos poder adquisitivo siempre que se le antoje a un individuo trajeado con título de primer ministro o presidente de gobierno y reconocerán que nos encontramos ante una verdadera pintura negra.
Pero centrémonos en la expiración del mercado único. Este verano el gobierno francés se ha encargado de recordarnos que la libre circulación de capitales es una fantasía. En el país vecino el control político sobre la actividad empresarial es una prioridad política y ante esa realidad no hay mercado único que valga. No importa que el gobierno sea de un color o de otro. Tampoco importa si las empresas son estatales, privadas o mixtas. Lo que importa es que el poder político pueda meter las manos en los asuntos empresariales cuando y como le plazca. Sentencias como “el gobierno hará todo lo que esté en su mano para oponerse”, “es un atentado contra la soberanía nacional” o “hay que defender Francia y lo que es francés” fueron machaconamente repetidas por las más altas instancias del gobierno sin que nadie hubiese declarado la guerra o atentado contra ese país. La razón de esas frases propias de una situación prebélica fue el simple rumor de que PepsiCo, una solvente empresa multinacional, planeaba comprar suficientes acciones de Danone como para controlar la dirección de la empresa francesa.
Ni Chirac ni Villepin han inventado el concepto de “patriotismo económico” que tanto han mencionado con los calores del verano. Se trata de la antigua idea mercantilista, enemiga de la libertad individual, del consumidor y del progreso económico en general, que tan bien desmontaran sus compatriotas Say, Molinari, Bastiat o, más recientemente, el ministro Jaques Rueff.
Mientras estos vergonzosos sucesos tenían lugar en Francia, asistíamos al destape de unos travestís políticos en Italia. Tras los gritos a coro de “viva el mercado único y la libre circulación de capitales”, altos responsables del gobierno italiano y, en especial, el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, impedían la compra de BNL por BBVA y de Banca Antonvéneta por ABN Amro mediante el eficaz poder de presión que les proporcionan los suntuosos despachos políticos. Al menos éstos tuvieron el pudor de no vociferar que había que defender Italia. Acaso porque son menos analfabetos en asuntos económicos que sus homólogos franceses y porque conocen someramente el legado de grandes autores como Bresciani Turroni, Bruno Leoni o De Vitti de Marco que, de manera palmaria, estaban profanando. Se deban a lo que se deban las diferencias de forma con el ejecutivo galo, el desprecio por la libertad es igual de mayúsculo.
Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España y presidente de Instituto Juan de Mariana

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