Ya hemos recordado el undécimo aniversario de los atentados que convulsionaron España y el mundo entero. Las víctimas directas de aquella matanza volvemos a recuperar la nueva forma de vivir que nos procuraron los ignotos asesinos. Como todos los años, en torno al 11 de marzo han tenido lugar diversos actos conmemorativos de aquel crimen de lesa humanidad y de todas las víctimas del terrorismo habidas en Europa.
Uno de los hechos diferenciales de aquella masacre es sin duda la división de sus víctimas. Resulta llamativo y triste constatar que los que recibimos el mismo zarpazo, de la misma fiera, andamos lamiéndonos las heridas que nos causaron en grupúsculos aislados y, al parecer, irreconciliables. ¿Acaso no son los mismos asesinos los causantes de nuestros mismos daños y dolores? ¿No estamos seguros de que las víctimas de tal o cual asociación no han sufrido las mismas pérdidas que nosotros? ¿No tienen las mismas ansias de verdad y justicia que tengo yo? ¿Acaso no hemos sido capaces de descubrir durante estos once años que las instituciones que constituyen nuestro Estado de Derecho han cerrado filas ocultándonos la verdad, negándonos la justicia por tanto y creando un silencio y un hermetismo totales en torno al 11-M? El Estado, y sólo él, tiene el monopolio para investigar los atentados hasta su total esclarecimiento. Igual podemos decir de la aplicación de la justicia.
No tienen, en cambio, el deber de hacer una loa de nuestra condición de víctimas ni de querernos, como a veces manifiestan. Aunque, si de veras lo hacen, creo que nunca hemos dejado de acoger y agradecer este tipo de discursos, a pesar de que sólo se queden en buenas palabras. Conviene reiterar que su deber, para con nosotros y el pueblo, se limita a lo que les reclamamos sin éxito: saber la verdad y hacer justicia.
Once años después, y con la alternancia política lógica en democracia, parecen concertadas las instituciones con el fin de negar a las víctimas y al pueblo aquello que debe ser lo prioritario según la Constitución: la defensa de la vida, la seguridad y la justicia para los ciudadanos.
No me considero infalible. Si algún representante del Estado o algún jurista me demuestra con pruebas incontrovertibles que estoy en un error, humildemente reconoceré mi equivocación y rectificaré complacido.
Durante estos días han visto la luz varios libros relacionados con el 11-M. Cualquiera que sea el motivo de estas publicaciones, agradezco a los autores el esfuerzo realizado. Su acogida por los lectores creo que debe contribuir a mantener viva la memoria colectiva del hecho más cruel y más influyente en nuestra vida como nación en lo que va de siglo. No los he leído todos, tampoco en su totalidad. Sí me gustaría resaltar algunas de las cuestiones que me han llamado la atención.
En uno titulado Los trenes del 11-M se resalta la rapidez con la que desaparecieron los escenarios de la masacre, la cronología de la destrucción, la ausencia de documentos probatorios de los responsables de la destrucción de todos los escenarios y de casi todos los vestigios probatorios. El foco del tren de Santa Eugenia, aparecido de forma casi milagrosa ocho años después, lejos de ser utilizado por la Fiscalía General del Estado, se ha hecho desaparecer de manera furtiva. Casi con la misma irresponsabilidad que fueron achatarrados el resto de los focos. ¿No resulta inconcebible lo ocurrido?
Otro título que recuerdo es 11-M en el laberinto, que también fue presentado en Alcalá de Henares. Éste tiene la peculiaridad de recoger un hecho que no ha tenido mucha difusión; en cambio creo que es relevante, a pesar de no haber sido recogido en el sumario. Se trata de los avisos de colocación de artefactos en el Ayuntamiento, en una céntrica notaría y en la estación de autobuses de la ciudad complutense.
Todo lo que antecede me lleva a hacer una breve reflexión. Cualquier atentado terrorista creo que requiere la colaboración entre las cabezas pensantes y los ejecutores. El daño producido debe ser proporcional a los beneficios por obtener. Uno de los objetivos más cuidados debe ser, además de producir dicho daño, no dejar huellas para impedir o al menos dificultar la investigación. Pues bien, analizando estos elementos, podemos comprobar que existe una extraña coincidencia de intereses entre los presuntos autores del 11-M y los hechos probados en la investigación policial y judicial de los mismos. Han tenido que pasar once años para descubrir esta coincidencia.