Quisiera centrar la reflexión en torno a la gran masa de ciudadanos. Esta masa la conformamos cuantitativamente la inmensa mayoría de los censos electorales, por tanto debe ser representativa de la colectividad. Me refiero a los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, que llevamos una vida casi anónima, que somos buenos consumidores de todo lo que la sociedad del bienestar nos pone delante y que servimos de sostén a todo el entramado social, político, económico, etc.
En una buena práctica democrática ese tejido social debe ser, en buena parte, el destinatario de la acción política, por dos razones fundamentales. Primero, porque la democracia debe basar su fundamento en el servicio a las mayorías, sin detrimento del respeto a las minorías. Y segundo, porque desde un punto de vista de praxis electoral y marketing político esta masa de ciudadanos es un buen granero de votos sobre los que ejercer la acción política. Esto último no invalida la racionalidad que las mayorías anónimas suelen dar a determinados asuntos sometidos a debate. No en vano se dice vox populi vox dei.
Pues bien, todo esto que a cualquier ciudadano le resulta de una lógica aplastante, cuando debe traducirse en políticas reales y en acciones de gobierno derivadas de dichas políticas, no resulta tan evidente o, mejor dicho, no se tiene en cuenta. El caso extremo lo encontramos cuando el incumplimiento se traduce en actuaciones contrarias a las inicialmente prometidas.
Un ejemplo puede ayudarnos a comprender el razonamiento que antecede: Hoy he escuchado en la radio un comentario sobre promesas electorales cumplidas en plazo o antes de los plazos fijados y el locutor ha recordado la famosa frase de Tierno Galván de que "las promesas electorales se hacen para no cumplirlas"; esta frase, que en el fondo tiene un matiz algo sarcástico, puede resultar patética cuando se lleva a la realidad. Todos recordamos las frases que los ciudadanos coreaban después del tristemente recordado 11-M. "Queremos saber la verdad", "España no se merece un gobierno que nos mienta" Aquellas frases, que sin duda dieron sus frutos electorales, han sido olvidadas por los políticos que elegimos en la luctuosa jornada electoral del 14-M y en la posterior del 9-M.
Pasada la legislatura que nos iba a llevar a conocer la verdad del atentado que se perfila como el mayor golpe de estado de nuestra historia reciente, y en los albores de la nueva, en que se vislumbra la misma tónica, seguimos sin ver la posibilidad de conseguir unas instituciones responsables, limpias, transparentes, veraces, honestas. Creo que la ciudadanía, al hacer un balance total o parcial de la legislatura, la percibe como un fraude electoral y como un golpe de gracia a la democracia que entre todos hemos construido. Al día de hoy, con una sentencia que en breve será firme, no conocemos nada del atentado que aún convulsiona a España.
Ante todo este fraude y este despropósito, ¿qué puede hacer el pueblo que elige a dichos representantes? Si el Estado de Derecho no defiende a los ciudadanos que lo sustentan y permite la consumación del fraude electoral, la única alternativa del pueblo consiste en echarse a la calle para reclamar aquello a lo que tiene derecho: la verdad y la justicia que le niegan sus propias instituciones. Seguro que antes o después lo conseguiremos.
En estas fechas de recuerdo de aquel dos de mayo, se nos hace más fácil de entender la reacción de un pueblo que se sintió abandonado por sus representantes, y lo que es peor, vendido al enemigo que lo invadió. Que la historia nos sirva para evitar caer en los errores vividos.
