Ante todo, he de confesar que desconozco en profundidad lo ocurrido en el accidente del metro de Valencia. Lo mismo puedo decir del proceso judicial y de las conclusiones de la comisión parlamentaria.
Estos días ha saltado a los medios de comunicación la noticia de la reapertura de este proceso (ya juzgado y sentenciado). No seré yo quien se oponga a la decisión judicial, menos aún si hay una sola víctima del accidente que esgrima alguna razón para sospechar que la instrucción del caso, las pruebas, los testimonios o la sentencia no son verdaderos o conformes a derecho. Tampoco me opondría si el Ministerio Fiscal encontrara razones para ello, no en vano la Fiscalía debe representar a todos los ciudadanos.
Las víctimas del accidente habían pedido que se repitiera el proceso por falsedad testifical. La Fiscalía también ha solicitado la revisión del proceso, apoyando a las víctimas. Han contribuido a este resultado dos medios de comunicación, el diario El Mundo y la cadena de televisión La Sexta. Políticamente, el jefe de la oposición expresó el pasado 10 de mayo su apoyo total e incondicional a la revisión de este proceso. Espero y deseo que, si algo se hizo mal en el mismo, se proceda a la rectificación.
Quiero recordar a los desmemoriados y a los olvidadizos que, dos años antes del accidente del metro de Valencia, en la Comunidad de Madrid, concretamente en tres estaciones ferroviarias, alguien, aún desconocido, decidió y consiguió hacer explotar simultáneamente cuatro trenes abarrotados de viajeros, trabajadores mayoritariamente. El balance de los atentados creo que todos lo conocemos: 192 muertos, 2.000 heridos y un pueblo atacado sin piedad y sin motivos, vejado y humillado.
Ese golpe supuso una auténtica convulsión en España, en Europa y en el mundo entero. España recibió un castigo injusto e inmerecido, por muchas razones que se intentaran esgrimir. El cambio de un Gobierno no puede justificar un crimen de lesa humanidad, máxime cuando el reparto de fuerzas garantizaba la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios. ¿Hay alguna otra razón, conocida por los poderes públicos e inconfesable, para que las víctimas y el pueblo seamos testigos mudos de este crimen?
Si comparamos ambos casos podemos constatar que los mismos elementos que concurren en la reapertura del caso del metro de Valencia se podrían dar en el mayor atentado político de España y de Europa.
Los casi cincuenta mil firmantes de la "Petición al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional" para que investiguen el 11-M estamos alineados con la iniciativa que ha triunfado en Valencia. Falsedades testificales sobran en el caso del 11-M.
La Fiscalía no apoya iniciativa alguna para clarificar este crimen. Materia no falta: manipulación y destrucción de pruebas, desaparición de vagones, sentencia sin autores, etc. El foco aparecido en Tafesa el año pasado, y guardado y custodiado en un cobertizo, sólo ha servido para reafirmar que "el 11-M es caso juzgado y sentenciado".
Respecto a los medios de comunicación, sólo dos tratan de informar con imparcialidad sobre el atentado que ha transformado a España, el grupo Libertad Digital y El Mundo. El resto sólo callan y no se retractan ni se arrepienten de las mentiras e intoxicaciones de antaño y de hogaño.
Creo que, si razonan lógicamente, pocos lectores podrán comprender el trato tan discriminatorio recibido por las víctimas y por el pueblo español, ambos objeto de los atentados del 11-M.
Me atrevo a dejar este mensaje: "Metro de Valencia, sí. Trenes de Madrid, también". ¿Por qué no?