No, nadie piense que voy a escribir sobre política. Hay personas más cualificadas que yo para escribir, incluso para vivir, de lo que hoy llamamos ciencia política. Si intento abordar parcialmente un tema como el que encabeza este escrito es por la incidencia que las decisiones y actuaciones políticas tienen en mi vida y en la de muchos ciudadanos.
España, por desgracia, lleva varias décadas siendo vapuleada por el terrorismo. El número de víctimas se cuenta por miles, no digamos el número de vidas y planes cambiados por el terror practicado, ya sea de palabra o de obra. Omito los daños materiales producidos por el mismo. Igualmente olvido las voluntades torcidas o doblegadas, incluso los planes de obras públicas y de políticas que han sido modificados por voluntad del terrorismo. Todo ello nos hace pensar que, pese a lo que pueda parecer, los objetivos del terrorismose van cumpliendo en mayor medida de lo que sería deseable. Este paulatino sometimiento a nuestros verdugos se nos justifica o se nos vende como un triunfo de la democracia y del Estado de Derecho. Nada más lejano de la verdad que estos cantos de sirena que oímos a menudo.
Al hablar de terrorismo hemos de pensar que es un fenómeno difícil de definir y más difícil aún de combatir. Pese a ello, los grupos terroristas presentan algunos rasgos comunes. Me atrevería a citar algunos de ellos: desafían a los poderes públicos para minar su legitimidad; amedrentan a los ciudadanos o a colectivos concretos para cambiar voluntades; imponen sus exigencias por la fuerza, la sorpresa y el dolor. Cualquiera que sea el origen y la finalidad del terrorismo, incluido el de Estado, las víctimas son siempre los perdedores directos, es decir, las personas que más lo sufren. Los daños son siempre impagables e irreparables. De ahí la importancia del papel que deben desempeñar las víctimas en cualquier sociedad golpeada por la barbarie terrorista. Máxime cuando nunca han aplicado la Ley del Taliónni se han opuesto a que el Estado de Derecho asuma plenamente el protagonismo en la lucha contra el terror y las responsabilidades que le asigna nuestro ordenamiento constitucional y jurídico.
En la España denominada democrática no ha habido nunca consenso a la hora de enfrentar el terrorismo desde las instituciones. Los partidos políticos no han tenido la altura de miras ni la honradez necesaria para entender que el terrorismo es el enemigo común de la sociedad a la que deben representar. Más grave aún, algunas formaciones exhiben posiciones más próximas al terrorismo que al imperio de la ley. Esta singular diferencia española respecto a las democracias occidentales resta credibilidad a nuestra pureza democrática y por tanto a nuestra política antiterrorista.
Desde diciembre del año 2000 hasta febrero de 2015, en España los partidos mayoritarios suscribieron al menos dos pactos contra el terrorismo. El primero se denominó Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y tenía como finalidad la lucha contra el terrorismo etarra y otros similares; siempre partiendo del principio de aplicar sólo las leyes y los métodos existentes en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. El segundo se ha firmado recientemente, con una orientación clara a la lucha contra el yihadismo. Personalmente, jamás me opondré ni haré una crítica despiadada a cualquier iniciativa de esta naturaleza. No obstante, en el caso de que los pactos tengan una finalidad distinta a la lucha contra el terrorismoo sean señuelos para engañar a las víctimas y al pueblo, no dudaré en oponerme a ese tipo de traiciones. Hablo hipotéticamente, pero los hechos han demostrado que no hay que descartar ninguna posibilidad. Los españoles que en el año 2000 éramos adultos pudimos comprobar que el pacto suscrito entre PP y PSOE inicialmente dio sus frutos y ETA, aplicando la legislación, recibió un varapalo que auguraba el éxito del Estado de Derecho sobre el crimen organizado. Desgraciadamente, pudimos constatar unos años después que Zapatero, promotor del pacto, negoció unilateralmente con los etarras. Llegado a la presidencia del Gobierno, sin derogar el pacto, obtuvo una autorización parlamentaria para negociar con los terroristas. Cada lector puede sacar sus propias conclusiones sobre el uso que los firmantes del pacto hicieron del mismo.
El hecho se agrava al recordar que la autorización fue apoyada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Ni las víctimas ni los ciudadanos estaban de acuerdo con la decisión parlamentaria. Nuestros dirigentes desoyeron las razonables reclamaciones realizadas por el pueblo que los eligió y por las víctimas que padecen el terrorismo. El 11 de marzo de 2004 se produjo el mayor atentado de nuestra historia. ¿Se aplicaron los contenidos del Pacto? Sólo hubo unanimidad en los primeros momentos de confusión, cuando todos imputaron el atentado a ETA. Las algaradas callejeras, las manifestaciones diciendo "Queremos saber" y "Todos íbamos en los trenes", el cordón sanitario y las mentiras propaladas y después selladas con una única y falaz sentencia, dejaron en evidencia la burda mentira del pacto del año 2000.
Los recientes atentados de Barcelona y Cambrils dejan en evidencia que el terrorismo no se combate sólo con pactos, sino con la firme voluntad de aplicar medidas preventivas y correctivas a las acciones terroristas. Eso sí, partiendo del consenso de todos los partidos del arco parlamentario, de las víctimas y de la sociedad en general. Esto, hoy, parece impensable.