Varias figuras que colaboraron decisivamente en dar el golpe de gracia a lo que quedaba de institucionalidad en 2007 suelen decir que entonces no había Estado de Derecho. Agregan que todos esos actos de fuerza –especialmente la destitución violenta de la oposición en el Congreso y del Tribunal Constitucional, ambas con la venia del Ejecutivo– eran un mal necesario para "refundar la patria". Pero hay que recordar que cuando Rafael Correa llegó a la presidencia, en enero de ese mismo año, sí había algo de institucionalidad, a pesar de las múltiples violaciones a la Carta Política, la evidente corrupción de la clase política y la politización de las instituciones de control.
La separación de poderes es un elemento esencial en un Estado de Derecho, y no se puede negar que entonces existía, al menos en relación al Ejecutivo. El Congreso, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional existían como instituciones independientes del Ejecutivo. Su sometimiento, cuando se daba, tenía que resultar de una negociación entre partidos.
Las instituciones existían, maltrechas y politizadas, pero existían, y fue un objetivo de Correa el terminar de destruirlas. Roberto López, entonces asesor del candidato Correa, dice: "La estrategia política era deslegitimar el Congreso, y por eso sugerí a Correa no presentar candidatos para diputados". Fue una estrategia que obtuvo réditos; ya una gran mayoría del electorado se había desencantado con una institución esencial en democracia como es el Legislativo.
Otra muestra de que algo de institucionalidad sobrevivía es que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional intentaron hacer respetar los límites presentes en la Constitución de 1998 al Poder Ejecutivo. No se trata de presentar como ilustres a los sujetos en cuestión, simplemente de reconocer que estaban –en este caso específico y por los motivos que fueran– exigiendo que se respetara el orden constitucional vigente. Las turbas enardecidas agredieron a los diputados destituidos inconstitucionalmente y a los vocales del Tribunal Constitucional, y les impidieron cumplir su deber. Que el presidente se rebelara públicamente contra lo decidido por la máxima autoridad en una república constitucional tampoco ayudó.
La competencia entre los distintos partidos políticos, aunque bien podría explicarse como la repartición del país entre los distintos capos de las mafias políticas, sin duda era mejor que lo que tenemos hoy: instituciones politizadas (igual que antes)... aunque ahora sometidas todas a un solo amo. En cuanto al organismo electoral, una de las principales promotoras de la refundación con "plenos poderes", María Paula Romo, recientemente declaró: "Hemos llegado a añorar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anterior, que era el ejemplo del reparto: los partidos controlándose a ellos, los partidos controlando las elecciones, los partidos controlando firmas. Siete partidos eran mejor que uno".
Nada de esto trata de justificar los abusos de poder que cometían los partidos bajo la anterior Constitución. Simplemente se trata de ilustrar cómo pasamos de una situación mala a una que es peor. Es importante reconocerlo, porque debemos aprender la lección de que no se construyen instituciones mediante una reconcentración del poder.
Si el problema era el reparto del país entre los políticos, la respuesta era clara: había que reducir el botín reduciendo el tamaño y la envergadura del Estado.