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A vueltas con la tortura

La izquierda americana, con Obama a la cabeza y ahora Garzon de corifeo, encaramada en las altas torres de un autoproclamado purismo moral que da rienda suelta a su odio hacia el conservadurismo de Bush, no ha dejado de repetir sus acusaciones de tortura.

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Bush y su Administración negaron siempre haber torturado a ciertos terroristas de élite. Y no pudo haber sido de otro modo, pues previamente hicieron un minucioso análisis jurídico de lo que es y no es tortura y aplicaron “Técnicas Mejoradas de Interrogatorio” bajo el control de médicos y psicólogos. Estos últimos se encargaban de que los métodos no tuvieran las consecuencias físicas y mentales que los hiciesen incurrir en la categoría de torturas.

En términos morales ir hasta los límites mismos del mal no es ningún bien, pero en términos jurídicos es el trabajo diario de los abogados aconsejar a sus clientes sobre hasta dónde pueden llegar sin traspasar la línea roja de la ley. La tortura no es una mera cuestión jurídica, es indudablemente moral. Como lo es proteger a los ciudadanos de los ataques terroristas. Bajo el impacto del 11-S y ante la posibilidad de una repetición quizás corregida y aumentada, la Administración Bush buscó un compromiso basado en la distinción jurídica entre lo permitido y prohibido en el campo de los interrogatorios. En circunstancias normales no habría sido de recibo y nadie lo hubiera planteado. Pero las circunstancias no tenían nada de normales y recordarlas no requiere un esfuerzo excesivo de memoria.

La izquierda americana, con Obama a la cabeza y ahora Garzon de corifeo, encaramada en las altas torres de un autoproclamado purismo moral que les permite dar rienda suelta a su vindicativo odio al conservadurismo que Bush encarnaba, no ha dejado de repetir sus acusaciones de tortura. Es una mera cuestión de definiciones. Proclaman como dogma que todos aquellos métodos lo son y todo análisis o debate es moralmente execrable. La rotundidad de la afirmación repetida hasta la náusea es políticamente eficaz. Lo mismo que anteriormente se había excluido de forma absoluta, contra toda evidencia, cualquier posibilidad de error en el tema de las Armas de Destrucción Masiva en Irak, todo había de ser mentira, por más que el error hubiera sido extensamente compartido por los implacables acusadores, empezando por los más altos responsables de las administraciones Clinton.

Ha llegado la hora de la venganza y Obama ha hecho publicar cuatro memorándums del Ministerio de Justicia, clasificados como alto secreto, en los que se elaboró la doctrina sobre los interrogatorios. No así el documento en el que se especifican los resultados. Sobre los autores de los dictámenes pesa la amenaza de proceso. El presidente ha dicho que sí, que no y todo lo contrario. Médicos, psicólogos y asesores legales que velaron por el escrupuloso respeto de los límites y la inocuidad, en último término, de los reconocidamente duros procedimientos, son acusados de colaboradores en el delito.

Hay que tener en cuenta que ese tipo de interrogatorios se abandonó ya durante el segundo mandato de Bush. Que no se han encontrado ningún tipo de lesiones entre quienes los sufrieron. Que esas técnicas condenadas sin apelación habían sido experimentadas durante nueve años por el ejército americano sobre un total de 26.000 voluntarios en un programa especial de entrenamiento que sólo un 0,14% tuvo que abandonar y que proporcionó un gran conocimiento sobre los efectos de dichas técnicas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que los líderes de la entonces oposición demócrata en el Congreso (ambas cámaras) fueron detallada y reiteradamente informados y dieron en todo momento, en aquellos tiempos, su aprobación como forma adecuada de luchar contra el peligro terrorista, lo que ahora puede constituir la mejor garantía para quienes se ven amenazados por sus interpretaciones jurídicas (si bien algunos de aquellos prohombres de la izquierda tuvieron entonces la artera precaución de archivar declaraciones privadas en las que expresaban dudas respecto aquello que sancionaban en público). Quizás Garzón quiera también encausarlos.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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