No conviene minusvalorar el problema. Desde el 15 de mayo, la permisividad de Rubalcaba ha tenido como consecuencia el envalentonamiento de los llamados indignados, que ya se pasean libremente por Madrid, cortando calles, cercando edificios y amedrentando a comerciantes y transeúntes. Que sean una minoría no nos sirve de consuelo, al contrario: esa minoría, empujada por determinados medios de comunicación, va cada vez más lejos y con más violencia. Ya no se trata de la ocupación de espacios públicos, que a tanta gente tanta gracia le hizo. Visto que se les reían las gracias, posteriormente cercaron el Congreso de los Diputados o el Parlamento de Valencia. Sin recibir castigo por ello, asaltaron la televisión de Murcia, la CEOE y un supermercado. De nuevo, sabiéndose impunes, llegaron más lejos atacando e insultando a alcaldes y diputados el día de la constitución de ayuntamientos, con episodios tan siniestros como el del acoso al recién elegido alcalde de Leganés. En las últimas horas, incluso la familia de Gallardón ha recibido la visita en su domicilio de los violentos. Si hasta el alcalde de Madrid es acosado ¿qué pueden pensar comerciantes o vecinos que ven las algaradas a la puerta de su casa? ¿Qué o quién será el próximo en recibir la visita de los acosadores?

Nosotros ese comportamiento sólo lo hemos visto en los piqueteros argentinos: esta es una de las claves del asunto, porque el 15-M representa la llegada a España de este movimiento, tanto por su composición –desde jóvenes burgueses aburridos hasta delincuentes comunes– como por su modus operandi, la ocupación callejera y la violencia del número. Y por su relación con el poder político y empresarial: ante el desplome del PSOE, el entramado empresario y mediático de Público y El País ya los ha adoptado, y desde sus páginas se les anima, se les empuja y se les señalan objetivos. Por otro lado, la relación que mantienen con Rubalcaba tiene un carácter instrumental: él no desarticula el movimiento y le permite moverse libremente, a cambio de que el movimiento no dirija sus iras contra él sino fundamentalmente contra sus rivales políticos.

Eso no es todo, o por lo menos no lo peor. Si el ministro Rubalcaba es incapaz de garantizar el cumplimiento de la ley y del respeto al Estado de Derecho, el vacío puede dar lugar a situaciones peligrosas. No queremos ni pensar las consecuencias derivadas de la posibilidad de que, al menos tan legítimamente como los llamados indignados, los simpatizantes y militantes del PP acudiesen a los actos públicos e institucionales para arropar a sus candidatos y electos. O que grupos contrarios a los izquierdistas decidiesen jugar al mismo juego de impunidad e ilegalidad de éstos. O que la presión a la que son sometidos los agentes de policía –a los que se insulta, se provoca y se agrede– acabe generando un disgusto. Se teme, y con razón, el resultado de la marcha coactiva que los antisistema han convocado el día 19 contra el Congreso de los Diputados.

Desde luego que es grave que Rubalcaba, que juró cumplir y hacer cumplir la ley, se la salte y permita a otros que se la salten. Pero peor es comprobar cómo el respeto a la ley se va rompiendo y va generando situaciones de riesgo creciente. Nadie puede garantizar que las cada vez más osadas actuaciones de los piqueteros no traigan un disgusto el día menos pensado. Y de eso, el responsable último será el candidato Alfredo.