Va a hacer un mes desde que el ministro de defensa, José Bono, junto con el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se embarcaran a bombo y platillo en el portaaviones Príncipe de Asturias para, con la cúpula militar, sellar con su firma la nueva Directiva de defensa nacional, el documento político-estratégico más alto, elaborado por el ministerio y promulgado en nombre del presidente, y que da pie a la puesta en marcha del ciclo de planeamiento de la defensa.
Las Directivas han sido siempre documentos clasificados, esto es, secretos y no al alcance de los ciudadanos, a pesar de que, en realidad, sólo expresan criterios genéricos que en nada pueden poner en peligro si se conocen por adversarios y enemigos. De hecho, el PSOE de González, se atrevió a desclasificar la del 92 al considerarla una herramienta adecuada para mejorar la conciencia nacional de defensa. El Partido Popular también desclasificó de manera inmediata las dos directivas que se elaboraron en sus años de gobierno, la de diciembre de 1996 y la del año 2000.
En esta ocasión, la nueva directiva se esperaba ansiosamente ya que sería la primera expresión de la doctrina de seguridad internacional y defensa del nuevo gobierno socialista. Sin embargo, el acto de presentación, "en la mar", como consta en la carátula de la Directiva, tuvo lugar el pasado día 2 y aún no se sabe nada de su contenido de manera pública. Tras las imágenes que inundaron los telediarios, nada más se ha sabido de tan importante documento. ¿será que alguien, por ejemplo el ministro Bono, se avergüenza de lo que se dice en él?
Desde luego hay frases que son para sentir vergüenza, como esa que declara España "mantiene una relación estrecha y consolidada con los Estados Unidos; una relación articulada sobre la lealtad, el diálogo, la confianza y el respeto recíproco". Es palpable que, ni tras la visita de sus majestades al rancho de Crawford, los adjetivos que se citan en el documento español son compartidos por la casa Blanca o el Pentágono.
Pero lo más bochornoso, tal vez, sea la palpable contradicción del texto de la Directiva. Pues en un lado se insinúa que la respuesta española a la seguridad internacional estará vinculada a una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en verdad lo que se pone por escrito y de manera explícita es que una intervención militar se podrá ejecutar mediante la aprobación de cualquier organismo internacional, como la OTAN. Por otra parte, lo que se ha vendido para los titulares de los periódicos, a saber, que no habrá despliegue en el extranjero sin la previa aprobación del Parlamento español, queda más que aguado en la citada Directiva del 2004. De hecho, en su página 4 se puede leer en lugar de aprobación previa, la siguiente expresión: "con la participación activa del Parlamento". Frase que se reitera en páginas posteriores. Ahora bien, ¿es que, acaso, comparecer permanentemente, como hizo el anterior gobierno durante la operación militar por Kosovo, no es buscar la participación activa del Congreso y Senado?