Chile vive un año electoral, con elecciones para la presidencia y el parlamento en noviembre. Prácticamente desde que asumió la presidencia Sebastián Piñera, en marzo de 2010, la izquierda ha tenido la iniciativa política, con protestas en la calle por parte de los estudiantes y promesas de abrir un período constituyente, a la manera chavista.
La Concertación tiene ya una candidatura para recuperar el poder: la expresidenta Michelle Bachelet, que ha llegado como una reina maga, prometiendo la felicidad. Frente a ello, el Gobierno de centro-derecha, el primero electo desde 1958, ha impulsado la recuperación económica y creído que el aumento del PIB y del empleo bastaba para deshacer las protestas, junto con concesiones en el campo de la ingeniería social, la nueva agenda de la izquierda mundial.
Pero a la espera de que los dos partidos de la coalición Alianza por Chile (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente) decidan un candidato, el Gobierno se ha encontrado con un regalo: el descubrimiento de miles de falsas víctimas de la dictadura militar que se beneficiaron de un programa de ayuda para funcionarios despedidos y percibieron pensiones públicas.
El programa se estableció y aplicó bajo las presidencias de los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Bachelet (2006-2010). Afectaba a personas que hubiesen trabajado en alguna de las cerca de 1.500 empresas estatales o privadas que la Junta intervino o clausuró después del golpe. Para acreditar esa condición bastaban documentos oficiales o testimonios de testigos.
El presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa, afirma que 100.000 de los cerca de 160.000 beneficiarios de este programa son falsas víctimas. Un informe de la Contraloría, sobre la base de una muestra de casi 9.000 casos, cifra en 3.000 los falsarios, y que otros 5.917 –que podrían ser falsos o no– no cumplieron los requisitos para acceder a un bono que cubrió vacíos en sus fondos de jubilaciones. El Gobierno acusa a los partidos de izquierdas de la Concertación de usar el programa como una forma de pagar favores políticos.
Este caso sirve para deshacer la fama de honradez, pureza y sacrificio que se ha arrogado la izquierda, y quizás influya en las encuestas. ¿Lo sabrá aprovechar la derecha?