La presidenta Cristina Fernández ganó las elecciones de octubre con más del 50 por ciento de los votos. Según la Constitución vigente, no puede presentarse a una segunda reelección seguida, por lo que éste es su último mandato hasta que transcurridos otros cuatro años se le levante la inhabilidad. Con estos antecedentes y después de ocho años de crecimiento económico debido a los precios inernacionales de los alimentos y las materias primas, sería de esperar que Fernández rebajara la crispación que ella y su marido, el difunto Néstor Kirchner, extendieron entre los argentinos desde 2003.
En el discurso de la victoria, Fernández tendió una mano a los que no votaron su candidatura: "Quiero decir a los que no nos votaron que asumo la responsabilidad de conducir a la Argentina a una historia diferente a la que tuvimos en los últimos 200 años; hacia un proyecto que nos una a todos dentro de la diversidad". El siguiente gran discurso de la presidenta se ha realizado en la apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo. Y en él la viuda de Kirchner ha recuperado los viejos métodos del matrimonio.
Casi 200 minutos, en los que mezcló estadísticas y buenas intenciones con lágrimas por su marido y ataques a la oposición. Así, después de desencadenar hace meses una campaña contra el Reino Unido a cuenta de las Malvinas y de implicar en ella a los Gobiernos sudamericanos, propuso que Aerolíneas Argentinas realizase vuelos desde Buenos Aires a Port Stanley. Repartió culpas entre los jueces, los empresarios del transporte y los maestros que han ido a la huelga; y arremetió contra el que parece su único rival, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
La presidenta abonaba las opiniones sobre sus problemas de salud mental cuando tan pronto anunciaba bronca contra algún disidente como pedía concordia; y cuando igualmente se preguntaba si le merecía la pena seguir en el poder y a continuación solicitaba ayuda para gobernar.
Se esperaba algún anuncio sobre la empresa petrolífera YPF, propiedad de Repsol, a la que Fernández acusa de no invertir en nuevos yacimientos y no asegurar el abastecimiento, pero no dijo nada. Sin embargo, y pese al viaje del ministro José Manuel Soria a Buenos Aires y la conversación telefónica del rey Juan Carlos con la presidenta, puede producirse la re-nacionalización en cualquier momento.
Durante el discurso, militantes peronistas de la corriente izquierdista La Cámpora, de la que forma parte su hijo Máximo, arrojaron en el hemiciclo globos con mensajes contra el vicepresidente Amado Boudou y el diario Clarín.
El desprecio del Gobierno que encabeza Fernández a la ley y a la convivencia tiene una imagen en el aplauso que la presidenta reclamó para Baltasar Garzón, presente en la tribuna de invitados junto con la activista de extrema izquierda Hebé de Bonafini. Que Garzón haya sido condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo español no significa nada para ella, salvo una conspiración.
El Gobierno del PP y los empresarios españoles que inviertan en el país no pueden confiar en que el comportamiento de Fernández sea el correspondiente a un socio responsable, sino, más bien, el de una imitadora de Hugo Chávez.