La Constitución mexicana establece uno de los períodos de transición entre presidencias más largos, si no el que más: en torno a cinco meses. Las elecciones son en julio y el traspaso de poderes se realiza el 1 de diciembre.
El sábado pasado Enrique Peña Nieto prometió su cargo como jefe del Estado para los próximos seis años. El joven presidente ha conseguido la hazaña de devolver al PRI, el partido más corrupto y siniestro de América, al Gobierno, después de doce años de mandatos del centroderechista Partido de Acción Nacional.
El anterior presidente, Felipe Calderón, ha dejado a Peña una situación económica aceptable, con crecimiento del PIB y bajada del desempleo. Sin embargo, su herencia tiene un punto negro, la guerra contra los cárteles de la droga, que ha provocado la derrota de la candidata Josefina Vázquez Mota. Peña ha prometido que no cederá ante los narcos y que no regresará a los años 80, cuando las bandas y los gobernadores del PRI (el primer gobernador no priista llegó al poder en 1989) pactaban zonas de influencia y repartos de dinero.
El sectarismo de los sectores más extremistas del izquierdista Partido de la Reforma Democrática ha vuelto a deslucir la ceremonia de traspaso de poderes. Al igual que ocurrió en 2006 con Calderón, varios diputados del PRD y los adictos al dos veces derrotado Andrés Manuel López Obrador, que está preparando su propio partido, trataron de sabotear la ceremonia. Cientos de uniformados de la Guardia Presidencial, el Ejército, la Marina y la Policía Federal rodearon la sede del Congreso, el Palacio de San Lázaro, para proteger a los presentes e impedir la entrada a las hordas de indignados.
Estos actos afianzan al PRI en la centralidad de la política mexicana, condición que jamás tuvo el PAN. Peña ha logrado comprometer a los otros dos grandes partidos en un Acuerdo Nacional para aprobar las reformas que el país necesita... y también su Gobierno. El PRI y su aliado el Partido Verde tienen 241 diputados, en una Cámara de 500, y 61 de los 128 senadores, por lo que tendrán que pactar las principales leyes.
Algunas de esas reformas las enunció Peña en su discurso posterior a la toma de posesión: unificar los códigos penales de los 33 estados en uno solo nacional; cambiar de arriba abajo Pemex, la empresa petrolífera pública; suprimir las plazas vitalicias y hereditarias (sic) que hay en el sistema educativo; impedir a los estados que contraigan déficit, lograr el equilibrio fiscal en 2013 y construir ferrocarriles, carreteras, refinerías y otras infraestructuras. (Este último punto debe de interesar a las empresas españolas).
¿Será capaz México de repetir los éxitos de Chile y Brasil, donde los partidos apartaron sus diferencias para conseguir el desarrollo social y la reducción de la pobreza, o caerá en los desastres de Venezuela y Argentina? Por ahora lo cierto es que en México los presidentes llegan como un rey mago y se marchan como un Judas.