La detención de Yasin Ahmed Laarbi (alias Pistu), realizada por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta el lunes, no hace sino confirmar la deriva que venimos analizando desde hace meses. A Pistu se le buscaba desde el pasado 21 de junio, cuando escapó a otra redada de yihadistas ocupados en extender tan siniestra ideología tanto en nuestro suelo como en Marruecos, incluso en el campo de batalla sirio.
Siria es tema central hoy, y lo seguirá siendo en los próximos días y semanas, particularmente después de que el informe de los inspectores de la ONU, entregado al Consejo de Seguridad este lunes, no acusara directamente pero sí diera indicios de que el gas sarín utilizado el 21 de agosto en las afueras de Damasco habría sido lanzado por efectivos del régimen. Lleve a donde lleve este dato y la compleja gestión diplomática del conflicto, lo importante es que Siria sigue atrayendo a yihadistas de todo el mundo, también de España y del Magreb. En el norte de Siria dichos yihadistas son tan numerosos y osados que ya comienzan incluso a enfrentarse con otros rebeldes que comparten trinchera, a los que consideran malos musulmanes por no abrazar el yihadismo salafista.
La amenaza que el yihadismo salafista representa para España no sólo se localiza ahí, en las redes de reclutamiento desarticuladas en Ceuta y en Melilla, sino que el vecindario magrebí y saheliano también es preocupante. Libia va a pique, con las milicias y los grupos yihadistas campando por sus respetos mientras las endebles autoridades se muestran incapaces de hacerse con el control. Es ilustrativo que un Estado que en 2011, antes del derrocamiento y asesinato de Muamar el Gadafi, producía 1,5 millones de barriles por día de un excelente petróleo, hoy sólo produzca 80.000. Es verdad que ha sufrido una guerra, pero esta terminó oficialmente hará en octubre dos años, y desde entonces la nueva Libia no ha servido sino para desestabilizar el vecindario inmediato, magrebí y saheliano, y para nutrir de yihadistas el frente sirio.
La situación en el Sahel, y en particular en Mali, tampoco es boyante. Tras celebrarse las elecciones presidenciales este verano, hecho alabado por la comunidad internacional, las contradicciones vuelven a resurgir. La tensión entre las autoridades de Bamako y las poblaciones tuareg del norte crece, y los terroristas yihadistas –que no fueron derrotados, sino que se dispersaron por el extremo norte y por el vecindario inmediato– siguen representando una amenaza real. Así lo acaban de constatar en la capital chadiana, Yamena, los representantes de los Estados sahelianos a su vez miembros de la Unión Africana (UA), allí reunidos el pasado día 12 en el marco de la Arquitectura de la Paz y la Seguridad Africana (APSA), que gestiona el Consejo de Paz y de Seguridad de la organización regional.